La cuestión radica en comprender y asumir en un sentido amplio las exigencias contra la impunidad, pues en México constituye un fenómeno que, por mucho, trasciende la ineficacia en la persecución y el castigo a los delincuentes.

Es evidente que en un país donde —según los criterios que se utilicen— apenas entre 2% y 4% de los delitos son sancionados, todos los incentivos operan a favor de la delincuencia, lo cual pone en evidencia la gravedad del problema institucional (policías, procuradurías, juzgados). Sin embargo, la impunidad y sus efectos destructivos sobre el tejido social no se reducen al terreno de la delincuencia.

La impunidad significa cualquier forma de violación de la ley sin consecuencias para el infractor, y mientras más extendida y recurrente sea, mayor es el daño en la percepción social y en los patrones de conducta de la gente. En México, diferentes estudios sobre el valor de la ley y el acceso a la justicia muestran que la mayoría de la población sufre violaciones a sus derechos sin contar con la posibilidad real de defenderlos o hacerlos valer.

Y buena parte de estas violaciones impunes de la ley provienen del poder público o, sencillamente, de actores o grupos con el poder suficiente para situarse en los territorios de la impunidad.

Es la más absoluta distorsión de la cultura jurídica, siempre o casi siempre en perjuicio de los más débiles. Por ello, además de la necesaria unidad nacional en contra de la violencia, es también imprescindible asumir el reto de dar cabida a todos en el mundo de las leyes. De lo contrario la impunidad seguirá generando violencia y más violencia.

Presidente del Partido Socialdemócrata

Maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomado en Sistema Político Mexicano por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Actualmente se desempeña como Presidente del Partido Político Nacional, Alternativa Socialdemócrata. Secretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2003 – abril 2004). Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral (1996-1998). Asesor del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República (1990-1991). Secretario Técnico del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (1987-1988). Asesor del Secretario de Educación Pública (1986-1987).

Socio Consultor de Consultiva, S.A. de CV (1998-2004) especializado en proyectos de Derecho Público y Administración Pública. Consultor externo del Programa de Asistencia Electoral de Naciones Unidas y de UNICEF. Socio Director de BGR Consultores Asociados, SC (1991-1996), especializado en proyectos de Derecho Comparado, Administración Pública y Derecho Público.

Miembro del Consejo Directivo del CIDE. Ha sido profesor de Teoría del Estado y Teoría del Derecho en la UNAM, el ITAM y el CIDE. Fue Coordinador del Diplomado en Sistemas e Instituciones Electorales en el ITAM y del Módulo de Sistemas Electorales dentro del Diplomado en Administración de Procesos Electorales en el INAP. Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas constitucionales y electorales en distintas universidades en México y otros países.

Coautor de los libros “Sistemas Políticos, Partidos y Elecciones. Estudios Comparados”, y “Elecciones, Diálogo y Reforma, México 1994”. Autor del libro Democracia y Control de Constitucionalidad. Los derechos político-electorales del ciudadano y el