De acuerdo con el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no hay duda sobre la culpabilidad de Sergio Ortiz Juárez y Lorena González, el ex policía y la recién detenida agente federal acusados de encabezar la banda de La Flor.

Pero eso resolvería sólo unos cuantos casos, aunque el más sonado haya sido el del joven Martí. Muchos más quedarían aún sin solución y, ciertamente, abrirían la puerta a nuevas rondas de declaraciones y desmentidos cuya responsabilidad, a querer o no, está en sus autores, no en los medios informativos, que en todo caso reportan lo que dicen sus fuentes.

Aquí no se trata de enfrentar a los funcionarios —varios de ellos de primer nivel— y sus expresiones. Tampoco de cuestionar sus conclusiones sólo porque sí. Los medios no han hecho más que reflejar las versiones y las contradicciones emanadas de informantes dentro de las propias autoridades, que hablaron a veces de forma oficial y a veces de manera confidencial.

De hecho, hubo contradicciones aun cuando se hicieron declaraciones oficiales, como en el caso del subsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, que el martes declaró que Lorena González no era agente en activo, y el secretario Genaro García Luna, que confirmó el miércoles que sí lo era.

Cierto que ese es un problema frecuente cuando hay grandes hechos en desarrollo y varias dependencias involucradas en ellos. El caso Martí, por su relevancia como catalizador de las quejas de la sociedad sobre la situación de inseguridad pública es uno de ellos. Pero la responsabilidad de las declaraciones pertenece a sus autores, y más aún cuando son tan públicas como en las últimas semanas.

Culpar a los medios de los errores propios es un camino fácil, pero es apostar a la falta de memoria de la ciudadanía y de los informadores. Altos funcionarios públicos y políticos de nivel tendrían que estar conscientes de ello. Hay experiencias pasadas que les pueden mostrar el camino.

Mezquindad en tiempos de crisis

Los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Barack Obama y John McCain, dejaron de lado ayer los feroces ataques mutuos para recordar juntos el 11 de septiembre de 2001. Es una lección que los políticos mexicanos deberían aprender.

En España, los atentados de ETA acercan a los partidos antagónicos: el PP y el PSOE. En esos países y otros hay unidad de propósitos. En México, los políticos responden a las tragedias con reparto de culpas, como ocurrió luego de la crisis de inseguridad en 2004, tras los ataques del EPR a Pemex y con la guerra contra el narcotráfico.

Apenas hace semanas, luego de la última marcha contra el crimen, el presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, respondieron al clamor social con un debate por la falta de coordinación policial, mientras el líder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ponía la responsabilidad en manos de los legisladores y los gobernantes.

El pacto nacional contra el crimen no es suficiente para dar por desterrada esa ya tradicional mezquindad. La unidad de propósito en tiempos difíciles debería ser una práctica sistemática, pero no lo es.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.