En medio de oleadas criminales, acuciado por reclamos, Calderón convocó al Consejo de Seguridad para escuchar pasmado la exigencia: resultados o renuncia. Una enorme marcha reclama la seguridad perdida; indignación por la impunidad reinante. Otra concentración multitudinaria anuncia su determinación de impedir la entrega del petróleo a empresas extranjeras, patrocinada por el Ejecutivo y sus asociados en las cámaras. La inflación se dispara; 2 millones de mexicanos han huido del país buscando empleo durante este gobierno. Se habla de revocación de mandato y un coro nervioso acusa: “Quieren deponer al Presidente”.Se habrán puesto de acuerdo los marchistas de blanco con los defensores del petróleo, o los dirigentes patronales exigiendo responsabilidad al Presidente con los promotores de la revocación del mandato. Son opositores los que huyen del país. Qué impunidad reclaman: la de los secuestradores y traficantes o la de los atildados y fraudulentos compradores y vendedores del barco petrolero El Señor de los Mares, o la de los funcionarios contratistas gasolineros, o los hijastros del poder que medran con inmuebles obsequio del Fobaproa. Será acaso la impunidad de aquellos funcionarios de Pemex denunciados en el Senado por el auditor superior que manejaron a su antojo miles de millones de dólares, sin rendir cuentas, especulando con empresas en el extranjero, aquellos que llevaron a Pemex al desastre, hoy pretexto para convencernos de que el extranjero, buen samaritano, nos rescatará. Puede Calderón ordenar acciones a su maltrecho aparato de seguridad, comprometiendo tiempos, como debe ser, y desoír otros reclamos igualmente angustiosos. Puede desentenderse de las denuncias del auditor y, sin hacer nada ni demandar responsabilidades, entregar Pemex a consejeros profesionales nombrados por él, habilitados con autonomía para desnacionalizar la industria petrolera vía contratos inconstitucionales. La situación de México es grave. En los análisis políticos se usa el concepto estados fallidos, o estados en proceso de desestructuración, para definir entidades que han perdido su cohesión o fortaleza, sus funciones articuladoras, distributivas y ordenadoras, responsabilidades del Estado; aquellos en los que se rompe el orden, el estado de derecho se debilita y se pierde la seguridad elemental. Estos análisis hablan de estados desintegrados y aquellos en vías de serlo. Colombia ha sido así clasificada. Nos aquejan criterios del Estado fallido. No puede Calderón ignorarlo. Es su responsabilidad detener el deterioro público, impulsar una reforma fiscal para que paguen los dueños del dinero, sus aliados; atacar la creciente desigualdad; el desastre educativo; democratizar la televisión; garantizar nuestra seguridad sin cederla al extranjero; proteger a los campesinos de competencia subsidiada; preservar el carácter de nuestras instituciones; defender la soberanía nacional frente a la creciente ocupación extranjera. Detener el debilitamiento del Estado para evitar el despojo de nuestros recursos naturales. No es momento de reformas que los mexicanos rechazan. mbartlett_diaz@hotmail.com Ex secretario de Estado |
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