El debate abierto sobre la importancia de recuperar el informe presidencial, ya cobijado por el viejo formato o ya por alguna alternativa que auspicie el diálogo entre poderes, ha suplido el estudio cuidadoso de los documentos entregados por el Presidente. Quiere decir que los críticos de ese cambio tenían razón, al menos, en que casi nadie se ocuparía del informe escrito y en que lo más relevante era el mensaje político.También acertaron en que la divulgación de los spots con la imagen del Presidente, permitida por el Cofipe, no serviría para sustituir la relevancia del informe leído en la tribuna legislativa. Para confirmar sus aciertos, además, vino enseguida el informe del gobernador Peña Nieto, en el estilo tradicional, que sirvió para mostrar la fuerza mediática de ese mandatario en contraste con la del Presidente de la República. Con todo, sigo pensando que el informe presidencial ya no podría ni debería volver a las rutinas políticas del país. O al menos, ya no con el viejo formato en el que todo el país suspendía actividades para escuchar al primer mandatario. Si en política la forma es fondo, lo que ese cambio revela es mucho más importante que la discusión sobre el protocolo correcto. En realidad nos está diciendo que buena parte del poder que acumulaba el Presidente de la República se ha ido transfiriendo a los otros poderes y a los gobiernos locales; es decir, se ha transformado junto con la nueva pluralidad política que gobierna el país. No se trata solamente de un asunto coyuntural, derivado de las presiones y los disturbios organizados por el PRD para impedir que el Presidente alcance la tribuna legislativa, sino de una relación diferente entre el Ejecutivo, las oposiciones y el resto de las instituciones políticas. Con toda franqueza, percibo que se ha venido imponiendo una lectura parcial sobre el tema. Es verdad que se perdió la oportunidad principal para discutir el estado que guarda la administración pública federal. De acuerdo. Pero me parece innegable que tras el informe también estaba el ritual más notable del mito presidencial. No era, como se ha dicho en los últimos días, un ejercicio de rendición de cuentas, ni un intercambio de ideas y propuestas con los legisladores, ni una revisión imparcial y objetiva de la situación nacional. Nada de eso. La prueba está, una vez más, en el informe rendido después por el gobernador Peña Nieto: ¿alguien puede afirmar, con sinceridad, que ese ritual vigente en el estado de México respondió a alguno de los atributos recién mencionados? Estamos en el principio de un nuevo régimen, que ya no obedece al presidencialismo de antaño. Cada vez es más evidente que la creatura no se parece a lo que nos hubiera gustado. Pero podría volverse un espanto si queremos recuperar rituales del régimen anterior para tratar de suplir las carencias del que hoy tenemos. En efecto, es necesario que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas sobre el gobierno, y también que el Legislativo cumpla su labor de control sobre el ejercicio del presupuesto y actúe a nombre de los ciudadanos para evaluar resultados. Y nada de eso se satisface tampoco con un documento escrito que (casi) nadie leerá, con un conjunto de spots y con llamados a los secretarios de Estado para aprobar exámenes de retórica. Todo eso es verdad. Pero ya que los críticos del nuevo formato tienen razón, y tomando en cuenta que es imposible (o no sólo indeseable) volver al pasado, quizá es el momento de diseñar una verdadera política de rendición de cuentas para el país. Urge construir la plomería de la democracia. Profesor investigador del CIDE |