Sería deseable que el Congreso honrara las nuevas reglas que se ha dado y discutiera a fondo y de verdad el segundo informe de gobierno. Y ya no sólo con el ánimo de subrayar errores y defectos, sino para ayudar a resolver los problemas públicos fundamentales. Ya no es un asunto electoral sino vital, pues el Estado mexicano se está fracturando poco a poco.

Si se mira con cuidado, la mayor parte de los temas que el Presidente ha subrayado en este informe tienen restricciones jurídicas de fondo y graves problemas de implementación. De un lado, parece que estamos inventando el gobierno para resolver los problemas básicos de nuestra convivencia; y de otro, vemos que el invento no prospera porque la implementación se ha vuelto poco menos que imposible.

No me refiero solamente al tema de la seguridad, que ha mostrado la mayor fractura entre las estructuras del Estado. Ya sabemos que no estamos preparados para enfrentar la delincuencia, no sólo por la corrupción de la mayor parte de los sistemas policiacos, sino porque el marco legal favoreció esa debilidad y porque se dejaron de hacer las tareas más elementales.

Y aunque en estos años se aprobó la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, su implementación está resultando mucho más difícil de lo que parecía. Hay que empezar como si no existiera nada. O peor aún: hay que hacerlo a pesar de lo que existe.

La Alianza por la Educación, que es otro tema clave del Estado, está capturada por el SNTE y sus intereses políticos más inmediatos. Todo el mundo lo sabe y, a estas alturas, ya no hay diagnóstico medianamente serio sobre la pésima calidad de la educación en México (y ya no sólo de la pública) que no incluya como una variable principal el daño causado por ese grupo de poder.

Sin embargo, la implementación de esa estrategia pasa por el sindicato, por los acuerdos obligados para mantenerlo en paz y por la falta de medios para conseguir que de veras ocurra algo sustantivo. Habrá que resignarse, en el mejor de los casos, a la gradualidad y la medianía que exige su implementación.

La reforma de Pemex se convirtió en un problema nuevo, en sí misma. Pero, además, cualquier cosa que llegue a salir de ahí enfrentará nuevos problemas de implementación: habrá que desmontar buena parte de la administración de esa empresa enferma y lidiar con el otro poderoso sindicato.

Mientras que la política social y los subsidios otorgados a la producción agropecuaria atraviesan, a su vez, por otra clase de problemas de implementación, cruzados por la debilidad de las estructuras estatales y municipales que, en lugar de favorecer el éxito de los programas, se han convertido en una dificultad adicional.

No es preciso ir más lejos. El país no sólo está atrapado por los desacuerdos, sino porque la implementación de las respuestas que van brotando se convierte en un problema adicional. Cuando se revisan las trampas en las que han caído las reformas ya pactadas, da grima pensar en las que todavía hacen falta.

De modo que por atrabiliario que suene, lo más deseable sería que este segundo informe de gobierno fuera el punto final de esa larga lista de novedades sin destino, al menos, mientras el país logra reconstruir una administración pública capaz de procesarlas.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.