Ayer, en Michoacán, la tierra del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el secretario de Hacienda Agustín Carstens reveló que el crecimiento económico disminuirá este año hasta en un punto porcentual debido solamente a la falta de seguridad que afecta al país. Por contrapartida, la inflación, el excedente del circulante monetario que se refleja entre otras cosas en el aumento de los precios, llegará hasta 5.6%.

Junto a esta desalentadora realidad, ha habido un incremento extraordinario en el gasto que las familias y las empresas deben hacer para protegerse, desde cerraduras más firmes hasta vigilancia y seguros contra robo. La cifra estimada supera los 120 mil millones de pesos en un año, restados a las inversiones productivas.

Cada día, más de 80 ciudadanos adquieren armas en la tienda que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en Lomas de Sotelo, única autorizada para hacerlo legalmente, pero cientos más las adquieren de contrabando, en el mercado negro o de manos de policías y otros agentes del orden.

Mientras tanto, afloran evidencias de lo que hasta hace poco eran sordas pugnas entre los funcionarios encargados de combatir a la delincuencia en general, no sólo a la dedicada al tráfico de drogas, los secuestros y los asaltos mayores.

En la víspera, en un hecho que puso a la vista las diferencias entre esos organismos, renunció Roberto Campa Cifrián, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que coordina la acción de la secretaría del ramo con las entidades federativas y el registro de vehículos, clave en la lucha contra el crimen.

La prisa por aclarar que las remociones no se deben a discrepancias en la operación no borra hechos recientes bien recordados por la opinión pública.

Hay gobernadores, como los de Sonora y Veracruz, Eduardo Bours y Fidel Herrera, que se han mostrado reacios a dejar las manos libres a los federales. La desconfianza es mutua. Los federales no quieren dejar la operación a cargo total de los gobernadores. No es difícil deducir quiénes son los gananciosos en estas desconexiones que anulan la acción legal contra el crimen.

El conflicto entre servicios policiacos y de seguridad o la polémica entre jurisdicciones no son nuevos ni exclusivos de México. Son famosas, por ejemplo, las “guerras” por jurisdicción, influencia política y presupuestos entre la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antinarcóticos (DEA) estadounidenses.

De hecho algunos ex funcionarios mexicanos se han visto arrastrados entre las patas de esos “caballos” y sus competencias.

Pero si bien la incomunicación y aun falta de cooperación entre las organizaciones estadounidenses resultaron en algunos problemas muy serios, como la falta de atención a los terroristas que realizaron los ataques del 11 de septiembre de 2001, sus “diferencias de opinión” no tuvieron incidencia en momentos en que su país enfrentaba un problema de la envergadura que encara actualmente el gobierno de México.

Tal vez sea correcto, aunque parezca simplista, que algunos políticos quieran ver el problema de seguridad sólo como una cuestión de injusticia en el reparto de la riqueza en México. Después de todo, es posible que algunos de sus participantes se dediquen al cultivo o al tráfico de drogas por hambre. Pero secuestradores, sicarios y narcotraficantes en gran escala no lo hacen sólo por comer o para llevar un plato de comida a su familia.

Lo que no se vale es que los encargados de los organismos de seguridad lleven sus diferencias de opinión a divergencias operativas en tiempos de crisis.

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