Sobre las limitaciones de la extensa lista de los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) se ha dicho casi todo, críticas que van desde considerar que son buenos deseos de las autoridades, pasando por señalar que son acciones que ya se están realizando y otras que ya se habían anunciado, hasta quienes señalan que si bien hay una delimitación de responsabilidades entre los poderes y actores firmantes, de objetivos y tiempos para su ejecución, no se apunta cómo se impulsarán dichos objetivos.He insistido en otras entregas que predomina en la estrategia anticriminal una lógica represiva sobre una preventiva de delitos, de rehabilitación de drogadictos y de presos y de participación social. Si bien el ANSJL incluye referencias a estas tres tácticas, son bastante genéricas; además, la mayoría de los compromisos sólo reconfirman la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública aunque a veces se hable de corresponsabilidad de la ciudadanía en este problema nacional. Congruente con esta visión, Germán Martínez, dirigente del PAN, considera que el desprecio a la política y a las instituciones del Estado es casi un golpe de Estado. Agrega: “No estoy defendiendo un respaldo ciudadano ciego… Defiendo el orden democrático… para hacer rendir cuentas a los gobernantes, y ese orden exige lealtad al Estado, a la política y a los procedimientos electorales de participación ciudadana para deslindar responsables. Tampoco niego la crítica, no sólo indispensable en democracia, sino justificada… esa crítica tiene que hacerse cargo de la defensa de nuestras instituciones (no de los resultados, errores y equívocos, obvio) del Estado. Despreciar al Estado y a la política en la lucha contra el crimen no sólo es un balazo en el propio pie, sino abono al terreno de la revuelta, donde todos los ciudadanos queden a mereced de un ciudadano más fuerte” (“¿Sin Estado?”, EL UNIVERSAL, 26/VIII/08). Raros razonamientos, pues existe un orden social, pero dista mucho de ser democrático; la rendición de cuentas es la gran ausente en la política; la participación social vía elecciones termina al día siguiente de los comicios; la lealtad y la defensa de las instituciones al margen de sus errores y complicidades es un sinsentido; el solo desprecio al Estado por fortuna no provoca revueltas y la indefensión de la ciudadanía es frente a los pocos y poderosos ciudadanos con enorme poder económico y político. La reducida seguridad, justicia y legalidad reconocida por el mismo ANSJL nos lleva a otro problema central: la escasa legitimidad de las instituciones estatales. Éstas requieren cambios radicales vía desalojo electoral o político de sus ocupantes, la clase gobernante, y de sus representados, la oligarquía dominante. Nadie ha hablado de desaparecer al Estado sino de darle otro contenido y orientación social, democrático y redistributivo de la insultante concentración del ingreso y la riqueza, sustrato de la criminalidad, la corrupción e impunidad; uno en el que la ciudadanía participe y decida para satisfacer sus hoy reducidos derechos políticos, económicos y sociales. En el que la distancia del Estado frente a las necesidades de la nación se reduzca vía un nuevo pacto nacional, y no mediante uno como el ANSJL, en el que con certeza señala Alberto Aziz que fue “una reunión de políticos, pero no necesariamente un pacto político” (“‘Si no pueden, renuncien’”, EL UNIVERSAL, 26/VIII/08). jlpineyro@aol.com Profesor investigador de la UAM-A |
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