Para estas horas, si todo ocurre según lo previsto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya habrá decidido avalar la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal.Como suele pasar con asuntos tan delicados como éste, que involucran cuestiones religiosas y de conciencia, los pronunciamientos en el recinto ministerial a favor o en contra de la constitucionalidad de la ley no se hicieron esperar y por momentos los debates fueron tan ásperos y vehementes como los escenificados por diversos actores sociales y políticos desde que la iniciativa entró para su discusión en la Asamblea Legislativa del DF hace más de un año y medio. Como quiera que sea, al final se impuso la razón jurídica y la Suprema Corte resolvió avalar la ley, con lo que se sienta un precedente normativo para que otras entidades de la República avancen iniciativas similares. Huelga decir que México vive todavía en este terreno un vergonzoso atraso, pues hace tiempo que en otras sociedades más desarrolladas se despenalizó el aborto y quedó plenamente asentado en sus leyes el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, bajo la premisa de que no se puede imponer una maternidad forzada ni atentar contra sus derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la salud, entre otros muchos. A estas alturas debe quedar perfectamente claro que una cosa es el debate moral —sea en las versiones radicales o moderadas— y otra muy distinta el debate que opera en el ámbito de la política jurídica. Aquí la pregunta no es si el aborto es bueno o malo moralmente, sino si debe o no ser penalizado por el poder estatal. O como lo planteó alguna vez el filósofo Luis Villoro: “Ante un asunto controvertido, objeto de juicios morales divergentes, ¿tiene el Estado derecho, obligación, incluso de imponer leyes y sanciones que correspondan a una concepción determinada?”. La respuesta desde el razonamiento jurídico es un rotundo no. El Estado no debe, ante asuntos controvertidos, imponer una concepción determinada, por la vía de la penalización. Además, la restricción legal del aborto representa una intromisión del poder del Estado en la vida de las mujeres, por lo que resulta, incluso, anticonstitucional. Pero si estos argumentos no fueran suficientes para aplaudir la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar la despenalización del aborto, la realidad se ha encargado de demostrar una y otra vez la necesidad de avanzar en esa dirección. En efecto, la punición del derecho en México a las mujeres que abortan ha sido una medida inútil, pues no solamente no ha impedido o contribuido a disminuir la práctica del aborto sino que su prohibición ha provocado la producción de abortos en condiciones sanitarias inadecuadas con las consiguientes muertes y graves enfermedades en las mujeres. Cabe recordar que la ley avalada por la Corte despenaliza el aborto en todas sus causales y establece que la mujer es la única persona que puede decidir si interrumpe o no su embarazo, con la única limitante de que el aborto no se podrá practicar después de la decimosegunda semana de embarazo, porque ahí sí se pone en riesgo la vida de la mujer. En suma, la Suprema Corte dio el paso necesario para sacar de una vez por todas al aborto de los códigos penales y de los púlpitos y llevarlo a donde pueda ser reglamentado con criterios estrictamente sanitarios y de salud. Enhorabuena. cansino@cepcom.com.mx Director del Centro de Estudios de Política Comparada | 
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