Consecuentemente, los resultados del Plan Colombia han sido, en el mejor de los casos, mixtos. La ayuda estadounidense ha sido innegablemente efectiva en reducir la violencia interna en Colombia y en debilitar a los grupos rebeldes que hace sólo seis años controlaban 40% del país. Sin embargo, los programas de desarrollo económico se han rezagado gravemente, asegurando que el cultivo de coca siga siendo la manera más rentable para que los granjeros mantengan a sus familias.

El cultivo de coca de hecho ha aumentado desde el año 2000, y los envíos de coca a Estados Unidos continúan fluyendo a ritmo acelerado. Justo del mismo modo en que la guerra de las contrainsurgencias en Latinoamérica durante la guerra fría dejó la raíz del problema del descontento interno sin resolver, las políticas estadounidenses contra las drogas sólo han tenido un éxito superficial.

No hay razones para esperar que el Plan Mérida tenga mejores resultados. En México, al igual que en Colombia, los obstáculos para combatir la venta de drogas van más allá de una simple falta de seguridad.

La policía mexicana y las Fuerzas Armadas tienen un lamentable historial (que se remonta a más de un siglo) en materia de violaciones a los derechos humanos, que en muchos casos socava su capacidad de trabajar efectivamente con la población local. De modo más general, la corrupción que propicia la venta de narcóticos en México es en gran medida producto de la persistente pobreza y del subdesarrollo.

Estos problemas no son susceptibles a una solución basada principalmente en asistencia militar. Lograr superarlos requiere un enfoque mejor desarrollado y más completo para combatir la venta de drogas. Desde una perspectiva estadounidense, esto significa integrar los componentes de seguridad necesarios del Plan Mérida con el a menudo ignorado lado “suave” de la lucha antinarcóticos.

La administración Bush y sus sucesores deben destinar una mayor cantidad de dólares a la mejora de las prácticas en materia de derechos humanos por parte de la policía y el Ejército, así como en medidas que ayuden a disminuir la corrupción dentro de dichas instituciones (como intercambios profesionales y reformas judiciales). Y lo más importante, Estados Unidos debe canalizar mucho más asistencia al desarrollo económico, que representa la única esperanza a largo plazo para mejorar la situación de la gran cantidad de gente pobre en México, y consecuentemente, disminuir el atractivo financiero de la venta de drogas.

Durante mucho tiempo, las estrategias antinarcóticos de Estados Unidos han contado con programas privilegiados relacionados con la seguridad a expensas de soluciones más sustentables. Si los legisladores estadounidenses pueden aprovechar el lanzamiento del Plan Mérida para lograr un equilibrio más equitativo entre la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, bien podrían realizar verdaderos progresos para frenar el tráfico de drogas. De no hacerlo, simplemente le pasarán este problema a las próximas generaciones.

Traducción: Mariana Toledo

Autor del libro ‘From Berlin to Baghdad: America’s Search for Purpose in the Post-Cold War World’ (‘De Berlín a Bagdad: la búsqueda de propósito de Estados Unidos en el mundo posterior a la guerra fría’) y es candidato doctoral en historia en la Universidad Yale. También obtuvo la distinción Davis Fellow por su trabajo con la Heritage Foundation en Washington, DC. Escribió este trabajo para el History News Service

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