Pongo ejemplos: no hay sistemas de evaluación permanente ni de control de confianza de los integrantes de las policías, ni de los ministerios públicos, ni de los agentes aduanales, ni de los custodios de las cárceles; los habrá, quizás, en el transcurso de otro año.

Los mecanismos para reclutar, seleccionar, capacitar, promover y retirar a los policías son deficientes o, de plano, nulos; los tendremos acaso seis meses después de que se haya modificado la legislación (si se modifica), hacia el final del tercer año de la actual Legislatura. Para los ministerios públicos federales, esa tarea podría tomar un año más y hasta dos en el caso de las procuradurías estatales.

Habrá una estrategia nacional contra el secuestro, el narcomenudeo y el lavado de dinero en el lapso de seis meses y otra contra la delincuencia organizada en año y medio, porque hoy no existen o no funcionan. Se dice que en tres años habrá una Cédula Nacional de Identidad (que está prevista desde 1996). Las aduanas tendrán tecnología para contener el tráfico de armas y de precursores químicos, acaso, en el lapso de dos años.

Tendremos un sistema único de información criminal, porque los que hoy tenemos no funcionan, junto con los sistemas necesarios para que las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, y la PGR (todas del Ejecutivo federal) puedan intercambiar datos confiables, al paso de otro año. Y mientras eso llega a suceder, en 30 meses más el Consejo de la Judicatura revisará y modificará los procedimientos para seleccionar a los impartidores de justicia penal en el país.

Tomará otro año, por su parte, establecer procedimientos para que los policías de los estados sean evaluados a la luz del día y hasta dos años más para el caso de los municipios marginados.

No es necesario glosar más, excepto que habrá dinero en abundancia (es otro compromiso asumido por todos los firmantes del acuerdo) para que puedan desarrollar esas tareas que antes no hicieron, o hicieron mal o corrompieron. Y entretanto, los criminales irán tomando nota y contarán también con tiempo suficiente para orquestar sus propias estrategias. Asistiremos al lento nacimiento de las actividades que realiza cualquier Estado digno de ese nombre, en medio de la violencia desatada por los delincuentes.

Temo que la inseguridad no sea el único asunto del Estado que guarda un deterioro semejante, ante la negligencia, el incumplimiento o la corrupción de tareas y decisiones básicas.

Y aunque me gustaría suponer que los compromisos firmados se cumplirán a tiempo, que darán buenos resultados, y que habrá finalmente instituciones capaces de honrar la función de brindar seguridad, lo que me salta a la vista ya no es sólo la falta de normas e instrumentos de organización elementales para hacer fluir la administración pública de México, sino la ausencia casi absoluta de ética de la responsabilidad. Henos aquí, al final de 2008, inventando al Estado desde lo fundamental.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.