En ese mensaje estaba expresado lo que le ha pasado al país: el hundimiento en la impunidad y la corrupción, el quiebre institucional de la tarea más importante de un Estado, cuidar a sus ciudadanos. Los eslabones de la cadena juntaron a la clase política con el Ejecutivo al centro, los legisladores, los gobernadores, la Suprema Corte, los alcaldes, los sectores productivos, las asociaciones religiosas, los medios, la sociedad civil, todos apostaron su palabra en una larguísima lista de 75 compromisos para firmar lo que se llamó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Tres ingredientes de los que carece México, porque no hay seguridad, la justicia está en harapos y la legalidad se ha diluido.

Las palabras de los políticos tienen poca credibilidad, el desencanto y la falta de confianza han separado a la ciudadanía de sus gobiernos. Los colores partidistas se han mezclado en una licuadora de ineficacia que ha llevado a preguntarnos para qué sirve la alternancia, si no para que se reciclen diferentes grupos políticos, pero no para tener mejores gobiernos. El 80% de los delitos no se denuncia; de la minoría que se denuncia, 98% queda impune, y en los extraños casos en que los culpables pisan la cárcel, los que tienen recursos salen libres.

Alejandro Martí habló en nombre de muchos que han tenido que pasar por el infierno de perder a un familiar a manos de la delincuencia; de los que han perdido la seguridad, la tranquilidad; los que han sido ultrajados, violentados, asesinados o violados; por todos los que han tenido que enfrentar el rostro de la delincuencia y más tarde el desierto de la impunidad. Los que han pasado de la policía al MP y a un juez que se vende al mejor postor o, simplemente, a una burocracia que convierte cualquier trámite con la justicia en corrupción.

Las palabras de este padre de familia que tiene nombre y apellido sirvieron para darles voz y rostro a esos hombres y mujeres anónimos, a todas esas víctimas cuyos victimarios permanecen en la impunidad por corrupción, por complicidad, por ineficacia, porque la honradez es un valor que se extravió en el cinismo de un sistema político que ha fracasado en materia de seguridad.

Las decisiones políticas y los proyectos no pueden llegar a buen puerto si no se fundan en un pacto. Lo que vimos en Palacio Nacional la tarde del pasado 21 de agosto fue una reunión de políticos, pero no necesariamente un pacto político, y lo que no sabemos es si habrá consecuencias, cambios, si pasará algo y simplemente será otro momento climático, un show en la larga travesía de ineptitud y demagogia de la clase política.

¿Cómo le vamos a creer a esa clase política que ha dado muestra de impunidad y corrupción? Como bien lo anotó Lydia Cacho sobre esa reunión: “Es muy cierto lo que dice Felipe Calderón cuando dice somos responsables de la impunidad; yo creo que él es uno de los primeros responsables, él permitió el cobijo de gobernadores vinculados con actos criminales como Ulises Ruiz o Mario Marín” (EL UNIVERSAL, 22/VIII/2008).

Este es un momento cuando se ponen nombres y apellidos a la impunidad y la corrupción es como ver una plantilla de redes y relaciones de complicidad. Además de los gobernadores impresentables, también signaron el acuerdo personajes impunes como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. ¿Cuántos de los firmantes deberían renunciar o estar en la cárcel?

Investigador del CIESAS

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.