La reforma energética del régimen no es una reforma legal más, de mayoría simple. Se pretende reformar la Constitución, sin contar con los votos necesarios; hacerlo por la vía de las reformas a la legislación secundaria, con el respaldo, en su caso, de una mayoría conservadora en la Corte. Es una reforma que es rechazada por la opinión pública y que se pretende realizar en un momento donde coincide la debilidad del Estado con el ascenso de la inconformidad social.

¿Es prudente polarizar adicionalmente a la sociedad, cuando en materia de seguridad y confianza se está tocando fondo, la carestía golpea a las familias, el petróleo es un símbolo y la izquierda abre la posibilidad de una negociación que permita fortalecer a Pemex?

Si el régimen se da cuenta de la enorme dificultad que ha significado llevar a un movimiento de resistencia (que viene de una crisis de legitimidad no resuelta desde 2006), a comprometerse con una propuesta legislativa; y si con sensibilidad, mira a la redonda, haría bien en aceptar sentarse a la mesa con la izquierda, para llegar a una negociación mayor.

Hay tres experiencias donde la visión de largo plazo predominó sobre la correlación inmediata de fuerzas y los temores al cambio. La primera fue en 1977, cuando la reforma política que, mediante la inclusión de la izquierda y una amnistía, logró trasladar la lucha, de la vía armada y la guerra sucia, al parlamento. La segunda fue en 1994, con el levantamiento zapatista, cuando se frenó la guerra y en pleno proceso electoral, se inició el cambio hacia la ciudadanización del IFE. La tercera fue en 1996, cuando con una grave crisis económica atrás, se pactó la posibilidad de una alternancia pacífica.

Si en vez de una visión de Estado, entonces hubiera prevalecido un criterio corto: en 1977 no se hubieran detenido la violencia y la guerra sucia; en 1994, se habría extendido el odio social para sostener una rebelión larga como en otros países hermanos; y en 1996, la crisis económica no habría tenido salida política. Septiembre de 2008, con el petróleo, plantea un reto y una oportunidad equivalentes. Para todos es preferible negociar que ir a la reactivación de las movilizaciones y los enfrentamientos.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

Es actualmente miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista. Ha sido Secretario de Relaciones Exteriores, Jefe del Departamento del Distrito Federal, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Subsecretario de Desarrollo Regional, Diputado Federal y candidato a Presidente de la República.

Ha participado en importantes diálogos y proyectos: la reconstrucción de la vivienda en la Ciudad de México después del sismo y el diálogo con el EZLN en Chiapas que permitió frenar la guerra.