Si observamos a los países en que sus tribunales constitucionales o cortes supremas han decidido sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto, concluiremos que hay un antes y un después de esa sentencia. Está en juego no sólo el espacio que una sociedad democrática debe reconocer a los derechos de las mujeres, sino la credibilidad del sistema judicial e incluso parte de la orientación política del país.Hemos visto en los medios intentos de clasificar a los ministros de la Corte: conservadores, liberales o progresistas. Pero tales etiquetas se quedarán cortas frente a la definición que deberán tomar en el caso de la despenalización del aborto voluntario en el DF. Para los ministros habrá también un antes y un después del fallo. De momento conocemos el parecer de uno de ellos: Sergio Aguirre, quien estima que la disposición de la ALDF es inconstitucional en la parte en que no considera como aborto la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y así lo asentó en su proyecto de sentencia. Desde el principio del litigio se le pidió ceñirse a las consideraciones jurídicas del caso, dejando a un lado sus convicciones morales y religiosas. El proyecto era esperado desde semanas atrás, aunque varios analistas ya habían anticipado que sería negativo para los derechos de las mujeres. Es un documento que será revisado con lupa por las partes interesadas. Las críticas al proyecto saltaron tan pronto como fue dado a conocer en el sitio especial que la Corte ha diseñado en torno al tema. Queda claro que el ponente no logró profundidad, pero sí longitud: el proyecto es superficial, pero muy largo. Algo es algo. Abundan las transcripciones y el lenguaje farragoso de los abogados de corte clásico. Pero lo importante es que en los próximos días asistiremos a uno de los debates judiciales más interesantes de las últimas décadas, que marcará la carrera judicial de varios de los mejores jueces que ha tenido México en su historia. Será la decisión más importante que tomarán Góngora y Azuela antes de retirarse. Será también la decisión que nos permitirá advertir si Gudiño, Franco o Sánchez Cordero tienen credenciales garantistas o prefieren ubicarse en el sector conservador, lo cual es muy respetable. Menos dudas ofrece la postura de Ortiz Mayagoitia y seguramente la de Luna Ramos, que suelen votar de forma parecida. A ellos se sumará, en contra de la ley del DF, el ministro Valls. En otros países hay jueces conservadores que son admirados incluso por quienes no piensan como ellos debido a la solidez de sus razonamientos y su congruencia. No por tener una filosofía judicial conservadora se convierte uno en un mal juez. Lo que sí es siempre exigible es que no salten de un lado a otro del espectro judicial ni que lo hagan sin justificar su cambio de criterio, como ya ha sucedido. La mayoría de observadores se inclinan por pensar que el proyecto de Aguirre será derrotado. Quienes defienden la ley confían en la solidez argumentativa del “bloque liberal” de la Corte, formado por Cossío, Góngora, Silva Meza y quizá Sánchez Cordero. Con esos cuatro votos la ley se mantendría en pie, dado que se requieren ocho ministros a favor de la inconstitucionalidad para declararla inválida. Aunque quizá veremos sorpresas. Algún ministro conservador podría demostrar que las convicciones religiosas son una cosa y sus deberes como juez otra. Si la ley sobrevive el duro reto lanzado por la PGR y por la CNDH, los demás estados deberán seguir la senda del DF y enmendar sus legislaciones penales para favorecer la protección de los derechos de las mujeres. Si no, se detendrá un proceso de emancipación femenina y de ampliación de la esfera de libertades que afectará a más de la mitad del país. De ahí la importancia de seguir el debate, de observar el razonamiento de cada ministro y de tomar nota del sentido de su voto. Al votar fijarán una postura que los acompañará por el resto de su carrera. www.miguelcarbonell.com Investigador en el IIJ-UNAM |