Se ha permitido un estrangulamiento productivo en Pemex. Entre 2004 y mayo de 2008 la extracción cayó en 650 mil barriles diarios y la producción máxima de Cantarell ha bajado de 2.1 a 1.1 millones de barriles y cae 14% cada año. La capacidad de refinación ya está muy rezagada respecto a la demanda interna y la petroquímica ha retrocedido por más de una década. El problema surge de la astringencia financiera impuesta por casi 30 años y por la fijación de objetivos equivocados a Pemex. Eso le ha impedido reponer reservas, ampliar la refinación, impulsar la petroquímica, renovarse y modernizarse, todo para construir una especie de paraíso fiscal y reducir costos políticos de modificar la tributación.

Según la Sener, las reservas totales de hidrocarburos han declinado sistemáticamente desde 2000. Se gasta poco en exploración o desarrollo y mucho en mantener o acelerar la producción. En la última década Pemex ha dedicado sólo 10% de sus inversiones a petroquímica, refinación, transporte o almacenaje y 90% a extracción. Pero de ese 90% apenas una décima parte va a exploración. Por lo demás, se extrae más allá de lo razonable, en función de la cuantía de las reservas probadas y su tasa baja de reposición (40%). Los desequilibrios son evidentes: México es sexto lugar como productor de crudo y el número 17 por el monto de sus reservas probadas o el casillero 15 por su capacidad de refinación.

La bonanza tributaria está en riesgo. Se ha debilitado a Pemex al punto de impedirle sostener las plataformas de producción, exportaciones o el abasto de demanda interna, y que sólo compensa parcialmente el alza en los precios internacionales. Ya se importan más de 20 mil millones de dólares anuales en gasolinas y diesel y más de 2 mil millones en gas. Preferencias fiscales han llevado a especializarnos en venta de materias primas, cediendo el mercado interno a importaciones de mayor valor agregado. Se desperdicia el auge petrolero que tanto contribuye a la mayoría de los países productores.

Los partidos formulan iniciativas que sólo parcialmente atienden a esas realidades; reformas que, en el mejor de los casos, sólo a largo plazo resolverían los estrangulamientos financieros y productivos. Se pierde la noción de que los proyectos petroleros de inversión son de larga maduración —la construcción de una refinería podría tomar cinco años y 10 la extracción en aguas profundas— y que hay factores ineludibles de incertidumbre, como la identificación cierta de reservas en los programas exploratorios. Hay que evitar demoras.

Ante la debilidad operativa de Pemex, el PAN propone la privatización velada de la refinación, el transporte y el almacenaje de los productos petroleros, y la remodelación del consejo de Pemex y las funciones de la Sener. Aun ignorando serios cuestionamientos constitucionales, nada asegura que la producción pudiese comenzar a regenerarse cuanto antes, sobre todo ante las dilaciones por la incorporación privada en los negocios petroleros, luego a la maduración de proyectos y finalmente a la armonización de las estructuras productivas públicas y privadas.

La iniciativa del PRI salva muchos de los problemas constitucionales de la participación de privados, pero conduciría a la fragmentación de Pemex en filiales que tardarían tiempo en asentarse con eficiencia, multiplicaría innecesariamente las burocracias y haría suyas las bases de la iniciativa presidencial sobre la modificación de la Ley Orgánica de Pemex. Hay un esfuerzo encomiable de conciliación, pero no se compadece de los apremios ante el deterioro; ni con el tiempo y desgaste de concesiones con otros partidos, sobre todo ante una iniciativa del PRD.

Pese a la riqueza del debate público, los planteamientos de ciudadanos y técnicos no han penetrado en las posturas ideológicas de los partidos ni les han transmitido un sentido realista de urgencia. Pemex, más que reformas trascendentes con aún poco acuerdo —que podrían tornar peor la situación—, necesita un programa de emergencia, de acción inmediata que revierta las tendencias a su involución productiva y que afloje la tiranía de controles financieros o fiscalizadores. Bastaría un inventario de proyectos, preparar y reorientar un programa sólido de inversiones con financiamiento asegurado ex ante y liberalizar el régimen fiscal expoliatorio. Así podría encontrarse una salida honorable, avanzar de inmediato y ganar tiempo para la reflexión y conciliación de puntos de vista aún demasiado separados.

Analista político