La reforma policial merece ser la principal prioridad de una estrategia para mejorar la seguridad pública en México. Y no hay necesidad de decir que la reforma del sistema judicial, incluyendo reclusorios y rehabilitación social, no puede quedarse atrás. México enfrenta un grave problema de desconfianza pública hacia las diversas policías, y la percepción de que existe un avance tangible en materia de reforma policial podría rendir grandes dividendos en cuanto a mejorar la actitud de la gente para obedecer las leyes. A su vez, una mayor confianza en la policía mejora notablemente la capacidad de ésta para aplicar las leyes. Los policías por sí mismos rara vez resuelven los delitos. Dependen en gran medida de la información y la cooperación proporcionadas por la gente. Por ello, la reforma policial es el primer paso esencial para mejorar la seguridad pública. Sin embargo, México inicia este proceso desde un punto especialmente bajo en cuanto a la confianza en sus fuerzas policiales. Por lo tanto, un proyecto de reforma requiere un compromiso extraordinario, incluso mayor al establecido con el Instituto Federal Electoral en los 90. ¿Qué tan grave es el problema de México? Si examinamos los 14 países más grandes de América Latina, el promedio de aquellos que tienen mucha o bastante confianza en la policía es de 37% (Latinobarómetro 2005). La desviación más importante hacia el lado positivo es Chile, donde 64% de la gente manifestó confianza. México está cerca del extremo más negativo con 22% de confianza. Solamente Bolivia (21%) y Guatemala (16%) manifiestan menos confianza. Otro indicador problemático es el de cumplimiento de la ley, o el porcentaje de encuestados que respondió que cree que sus conciudadanos cumplen las leyes en gran medida o en buena medida. El promedio regional es un bajo 20%, pero México (13%) se ubica entre los últimos cuatro lugares de los 14 casos evaluados. Un tema clave es la corrupción policial. El Barómeto de Corrupción Global de Transparencia Internacional analizó ocho de los 14 casos, preguntando a los encuestados si habían tenido contacto con la policía en los 12 meses anteriores y si dieron alguna forma de soborno. Otra vez, Chile muestra la desviación más grande hacia el extremo positivo: apenas 1% respondió que había pagado un soborno; Colombia se colocó en un comparativamente bajo 9%. México registró la desviación más importante hacia el lado negativo, con 55% de los encuestados respondiendo que habían entregado un soborno. Estos ejemplos probablemente no sorprenderán a los lectores mexicanos. La cuestión es que la reforma policial es un fuerte reto en circunstancias ordinarias, pero México enfrenta circunstancias extraordinarias. No tenemos muchos casos de reformas policiales exitosas en la región, y un sistema federal del tamaño y la complejidad del mexicano hace más grande este reto. No obstante, la clave de una reforma es el compromiso. Quizá un enfoque inicial en dos o tres estados podría ser útil para demostrar que la reforma de la policía es posible. Si la credibilidad del sistema electoral fue la prioridad principal para la transición democrática de los 90, la reforma de la policía y el sistema de justicia es la prioridad principal para la gobernabilidad democrática en la primera década del nuevo siglo. El éxito de la alianza entre el IFE y la sociedad civil en los 90 demuestra que las instituciones pueden colaborar con el público para influir en las actitudes y el comportamiento de las masas en un sentido positivo. Pero aunque fue muy importante, el proceso electoral es menos difícil de reformar que la procuración de justicia. Si se necesitó un IFE para reformar el sistema electoral, se necesita un súper-IFE para reformar los sistemas policial y de justicia. *John Bailey es director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown | 
Digg
Del.icio.us
Menéame
Yahoo
Technorati
Facebook