Este hecho, además, es congruente con principios de respeto a la vida humana, consagrados en la Carta de la OEA, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¿Qué hacer entonces con la violenta ola de crimen que azota a México, con los delincuentes que impunemente quitan la vida a un ser humano? ¿Qué trato darles a los autores de las ejecuciones entre bandas delictivas, causantes de la zozobra y el miedo en que viven ya millones de mexicanos en amplias zonas del país?

Esta situación de inseguridad pública, que tiene a México bajo el juicio crítico de la comunidad internacional, trajo a colación una iniciativa de Felipe Calderón, enviada al Congreso en 2007, demandando para los culpables del delito de privación ilegal de la libertad una pena que iría de 40 años de cárcel a la cadena perpetua.

Esta propuesta no es ni innovadora ni exclusiva del Ejecutivo. Siendo diputado federal en la 59 Legislatura, presenté en pleno una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que proponía, precisamente, la cadena perpetua para los casos de secuestro; pero entonces como ahora reconozco que esta medida aislada sería insuficiente si no se atiende esta problemática con una visión de Estado, integral y con el establecimiento de leyes y políticas que definan metas evaluables en el corto, mediano y largo plazo.

Por ello, el 4 de noviembre de 2003, presenté también a la cámara, en nombre de Convergencia, una iniciativa de reforma integral en seguridad y justicia que proponía eliminar el monopolio de la acción penal a cargo del MP para retribuirla a favor del ciudadano, unificar las legislaciones locales, restaurar la justicia cívica, reparar el daño en beneficio de las víctimas de los delitos y establecer un nuevo régimen de readaptación social y de atención a menores infractores.

Estos planteamientos fueron fruto de una amplia consulta formulada a expertos y organizaciones académicas y ciudadanas bajo la guía del doctor Alejandro Gertz Manero, actual rector de la Universidad de las Américas y un especialista indiscutible en estos temas. Inexplicablemente, ninguna propuesta fue dictaminada, no obstante la gravedad de la situación, que hoy ha desembocado en asesinatos y secuestros cotidianos. Las “fuerzas mayoritarias” impusieron su criterio (e intereses) en la reforma penal aprobada recientemente y dejaron a la sociedad indefensa ante la violencia y el crimen.

Ante esta asignatura pendiente, en su pasada sesión, se presentó a la Comisión Permanente una excitativa para que las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados saquen de la “congeladora” estas propuestas y sean dictaminadas y sometidas al pleno para su aprobación. Es el momento de la atención integral de este cáncer social.

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Presidente del CEN de Convergencia

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