Miles de personas se preparan a demandar públicamente su derecho a caminar en la calle sin ser atracadas, a no verse en medio de tiroteos ni ser secuestradas. El Presidente y el jefe de Gobierno son los principales depositarios de la protesta.

El jefe de Gobierno del DF había vacilado en participar en la reunión de seguridad convocada por el presidente Calderón, que a su vez recriminó al dirigente capitalino su falta de cooperación. Mucho tiempo y discusiones estériles habrían sido innecesarios de haber recurrido a la ley, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 35.

Ese texto prevé que el jefe de Gobierno debe informar al Presidente de la República “respecto de la situación que guarda la fuerza pública en la ciudad”, y de hecho subraya su obligación de acatar las órdenes en ese sentido.

El Estatuto da amplias atribuciones. Brinda a los dos gobernantes el espacio para que hagan la política a un lado y trabajen juntos en la materia.

La situación de seguridad del país en general y de la ciudad de México en particular, asolado uno por la acción de los cárteles de la droga y la otra por atracadores y secuestradores, no permite ya ese tipo de debates.

Y si es cierto que como dijo el líder senatorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, el gobierno no ha cumplido en términos de seguridad, también lo es que no hay un partido que pueda reclamar sin olvidar su propia responsabilidad, ya sea en el ejercicio pasado del Poder Ejecutivo o en el Congreso.

Contrario a lo declarado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, la inseguridad la permiten los tres poderes de gobierno. Para delinear una estrategia común contra el crimen es necesario hacer a un lado —al menos por ahora— el reparto de culpas.

Toda crisis abre también oportunidades de cambio. Aprovechen los gobernantes la actual para dejar los compromisos políticos detrás de los ciudadanos. El jueves podrán tomar la palabra.

Necesita EU la reforma migratoria

El asunto migratorio fue un tema demasiado espinoso el año pasado para los políticos estadounidenses. Tanto republicanos como demócratas prefirieron guardar en la “congeladora” la legalización de millones de indocumentados con profundas raíces en ese país.

Hoy, los organizadores latinos —que en 2006 pusieron en la agenda el tema migratorio por medio de movilizaciones masivas— preparan una caravana para hacerse escuchar en la convención demócrata de Denver, Colorado, del 25 al 28 de agosto. El objetivo: presionar a Barack Obama para voltear hacia este ignorado sector.

Conviene al candidato demócrata y al republicano John McCain cumplir con la oferta de una reforma migratoria integral. Mantener el freno a la potencialidad de consumo y participación política de la mayor minoría racial en esa nación frenará el desarrollo de todos.

Estados Unidos está en crisis económica y su hegemonía mundial va en declive. China se erige en nueva potencia y países como Rusia e Irán lo desafían abiertamente. Para Estados Unidos es hora de sumar, tanto en lo externo como en lo interno. No necesitan abrirse nuevos frentes de problemas.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.