John Bailey, coordinador del proyecto México en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, considera que una reforma policial a gran escala en México tardará décadas, pues involucra a agencias federales, cuerpos de policía preventiva y judicial de 32 estados y más de 2 mil 500 municipios.

Pero el costo de esperar sería alto. De seguir las tendencias, la sociedad podría experimentar, a lo largo de esas décadas, el secuestro de 75 mil personas más. La cifra es terrible, pero hay elementos para pensar que el cálculo es realista si el gobierno no acorta sus plazos para la reforma policial.

Francisco Quiñones, analista de Clayton Consultans Inc., una compañía internacional basada en San Diego California que provee servicios especializados de manejo de crisis, estima que en 2007 ocurrieron cerca de 3 mil secuestros, pues, según sus análisis de inteligencia, los familiares de víctimas de secuestro sólo reportan a la policía uno de cada cuatro casos.

Actualmente, el foco más concentrado del secuestro en México se localiza en Tijuana, Baja California, aunque el fenómeno está creciendo rápidamente en Monterrey. El secuestro exprés se concentra principalmente en el DF, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sinaloa.

Además de mantener el abastecimiento de drogas en la frontera norte, Los Zetas operan un sistema de financiamiento basado en la extorsión de empresarios del transporte en la ruta Monterrey-Reynosa o Monterrey-Nuevo Laredo y de dueños de bares, restaurantes y centros nocturnos en ciudades fronterizas de Tamaulipas. Parte del negocio de Los Zetas y policías asociados con el cártel del Golfo abarca el secuestro exprés y el control de bares, prostíbulos, hoteles y casas de juego.

“Nosotros nos basamos en la teoría de la incertidumbre de la transición en general”, explica Quiñones. “Esa teoría está basada en que al matar a un líder de gobierno, de región, de guerrilla, de cualquier organización, y si el líder no tiene a alguien preparado para tomar las riendas, entonces los subgrupos empiezan a actuar por su cuenta y su comportamiento que antes era predecible se vuelve caótico”.

Esa teoría ayudaría a explicar lo que ocurre en Tijuana, donde el gobierno federal, desde el sexenio pasado, se encargó de destruir casi a toda estructura directiva de los Arellano Félix. Las células que antes estaban subordinadas a diferentes integrantes de la familia Arellano Félix ahora parecen estar atomizadas, sin dirección central, y están actuando por propia cuenta. Algunos policías en activo, según las víctimas de secuestro en los casos en que ha intervenido Clayton Consultants Inc., participan también en la actividad.

Según este análisis, los cárteles de Sinaloa y del Golfo están reconstruyendo rápidamente sus alianzas con otros grupos del país y están en lucha abierta por las plazas de Tijuana y Ciudad Juárez, donde los nuevos mandos del narco aún no logran el control que tenían sus ex líderes. Las células de los cárteles en vías de desintegración están dedicadas ahora al secuestro, la extorsión y el cobro de derecho de piso a otras células dedicadas a delitos como el tráfico de indocumentados.

Los cuerpos de policía están en uno de sus momentos más débiles para enfrentar al secuestro. Sus niveles de confianza se han desplomado al mínimo después de los casos recientes de secuestro donde han participado agentes de policía. Mientras la policía federal está adquiriendo una especialización elevada, los niveles más bajos de la policía estatal siguen prácticamente desarmados y con una capacitación deficiente.

El narcotráfico se encarga además de ejecutar a los agentes de la PFP y la AFI que comienzan a mostrar eficacia y se niegan a pactar con la delincuencia organizada. Según Quiñones, 249 policías y militares mexicanos han sido asesinados en lo que va de año.

La aparente rivalidad entre los mandos de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública no contribuye a enfrentar a la delincuencia organizada. También es un problema de recursos: una cantidad importante de los fondos públicos en seguridad están siendo absorbidos por las Fuerzas Armadas, que ya solicitaron un 50% más de presupuesto adicional de emergencia para este año fiscal.

Los escenarios son difíciles de predecir y están marcados por la incertidumbre en este proceso de transición en los niveles de mando y la lucha y alianzas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada. La Policía se llevará aún varias décadas para alcanzar plena efectividad y la sociedad parece quedarse sólo con sus propios recursos para defenderse.

Unos, los que pueden, pagan su seguro antisecuestro a las grandes compañías internacionales como Aon Risk Services o American International Group AIG. Otros confían en la protección de una ola de ex agentes de policía mexicanos que ahora venden sus servicios como negociadores antisecuestro. Otros, también los que pueden, emigran del país. Algunos quieren crear sus “ejércitos privados”. La mayoría tendrá que esperar, con angustia, a que el gobierno termine la reforma policial.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas