Pese a tal estatus de protección, aún no ha sido posible contener la destrucción de los ecosistemas, debido principalmente a la complicidad de las autoridades ambientales y a la ausencia de un adecuado sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas.

En 2003 la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una autorización de construcción a los hoteles Mayan Palace y Riu Palace que terminó destruyendo grandes extensiones de manglares. Después de diversas quejas ante la Secretaria de la Función Pública, se sancionó a diversos servidores públicos de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por autorizar permisos sin una adecuada evaluación del impacto ambiental y por la falta de sanciones a los que ocasionaron daños al ambiente.

Los servidores públicos sancionados en dicha ocasión fueron inspectores y evaluadores, pero no aquellos funcionarios que tomaron la decisión de otorgar los permisos.

La ausencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas salta a la vista cuando observamos que la delegación de Profepa en Quintana Roo ha sido dirigida en los últimos cuatro años por cuatro personas diferentes. Al inicio se encomendó el cargo a Carlos Rafael Muñoz Berzunza, posteriormente llegaron Guadalupe Márquez y Mayra Gabriela Ruiz Cabañas Ramírez, consecutivamente, y ahora encontramos al delegado Luis Jorge Morales Arjona. La delegación de la Semarnat, por su parte, fue dirigida en 2006 y 2007 por Carlos Rafael Muñoz Berzunza, posteriormente por José Ramiro Rubio Ortiz y después se encontró sin dirección por lo menos dos meses. Los vertiginosos cambios de autoridades ambientales en ambas instancias federales han ido acompañadas por denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante las brevísimas gestiones de cada uno de estos delegados.

Es evidente que los enormes intereses que se ponen en juego con los proyectos hoteleros e inmobiliarios en Quintana Roo suponen también grandes presiones para las autoridades. Por ello se precisa que las plazas de delegados de la Semarnat y la Profepa, que están bajo el Servicio Profesional de Carrera, deban ser concursadas y ocupadas por los mejores candidatos, capaces de empeñar su reputación y profesionalismo por el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, resulta indispensable que las autoridades federales actúen con mayor transparencia e informen puntualmente del resultado de las auditorías practicadas y las sanciones interpuestas por el Órgano Interno de Control de la Semarnat a las delegaciones de esa secretaría y de la Profepa durante 2007 y 2008.

Presidente nacional del PVEM