Ya no sorprende a nadie que México se dispute desde hace tiempo el primer lugar mundial en el número total de secuestros anuales. En efecto, a ningún ciudadano se le ocurriría poner en duda dicha estadística, pues todos sabemos que, en el momento menos esperado, podemos ser víctimas de la delincuencia organizada o de bandas improvisadas de secuestradores.Cada semana, cada día, los mexicanos somos testigos o víctimas de la violencia y la incompetencia oficial, de la corrupción de autoridades en todos los niveles, de la impunidad y el soborno, de la inseguridad y la simulación. La ironía de todo esto, y la tragedia, es que lo que debiera ser excepcional se vuelve cada vez más cotidiano, y con la cotidianidad viene la pérdida del asombro. La violencia termina percibiéndose como algo “normal” y en esa medida nos convertimos todos en rehenes de la barbarie. El hecho es que la inseguridad pública ha alcanzado niveles inimaginables y el crimen organizado se ha multiplicado y diversificado. A diferencia del pasado reciente, la delincuencia ya no está controlada por un puñado de cárteles de la droga sino que ahora se ha fragmentado y las células pequeñas de delincuentes, coludidas con funcionarios o ex policías y militares, se multiplican. Este nuevo modo de operación de la delincuencia dificulta la respuesta de las autoridades federales, quienes se han visto rebasadas una y otra vez en su tarea de perseguir los delitos. El crecimiento de la ola de secuestros va de la mano de la fragilidad de las corporaciones encargadas de combatir este flagelo social y de lagunas jurídicas que existen en la materia. Además, la tarea se complica aún más si a las dificultades evidentes que implica enfrentar un aparato delictivo sólida y profesionalmente organizado, se suma la mayoritariamente adversa situación económica de la población y a ello se le agrega el precario estado en que se encuentran las estructuras de procuración y administración de justicia. En conjunto, esos elementos conforman un escenario actual de marcado incremento en los índices no sólo de inseguridad pública, sino de una preocupante descomposición de la convivencia social que se manifiesta en eventos que engrosan la nota roja y se incorporan al imaginario colectivo elevando la tolerancia hacia el uso irracional de la violencia. El ingrediente que agrava todavía más esta situación, sin duda alguna, es el fenómeno de la corrupción, ampliamente extendido y sustentado en el notable poder económico del crimen organizado y en el escaso compromiso ético de los cuerpos de seguridad. La corrupción, la incapacidad operativa y logística de la policía y los sonados casos de cohecho, amenazas, extorsión y/o venganza contra funcionarios públicos reacios a complicarse con el crimen organizado; el incremento en los indicadores de violencia y narcotráfico, así como el repunte en los indicadores de adicciones e incidencia delictiva de jóvenes y menores infractores, entre otros ejemplos, permiten sostener que en la batalla por el orden público el Estado se ve cada vez más limitado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el diagnóstico de la coyuntura política, el crimen organizado debe ser analizado como actor antisistema —aunque con fuertes nexos orgánicos con él—, cuyas actividades implican un serio obstáculo al proceso de consolidación del actual gobierno y al proceso más amplio de tránsito democrático de México, en la medida que representa ínsulas de poder con suficiente capacidad desestabilizadora y corruptora de los procesos de gobernabilidad y democratización. cansino@cepcom.com.mx Director del Centro de Estudios de Política Comparada |
Digg
Del.icio.us
Menéame
Yahoo
Technorati
Facebook
