Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), las actividades informales están en su máximo nivel en tres años y absorben ya a 12.1 millones de personas, 27.5% de la población económicamente activa del país.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo consignó que 9.8 millones de personas trabajan en lo que poéticamente definió como “micronegocios sin establecimiento”, que a estas alturas son la tabla de salvación para muchos mexicanos que no se sienten atraídos por la delincuencia.

El número de personas que vende alimentos preparados, películas, objetos, canta en los camiones o en las calles o simplemente busca limpiar cristales de automóvil parece haber aumentado visiblemente.

El INEG afirma que 421 mil personas, incluso 243 mil 233 mujeres, se sumaron a la informalidad en los últimos 12 meses. Eso significa 421 mil empleos menos, 421 mil causantes menos y, peor todavía, tal vez 421 mil familias lanzadas a la falta de certidumbre sobre su ingreso y su situación.

De los 12.1 millones de personas en el sector informal, 7.4 millones son hombres y el resto, 4.7 millones, mujeres.

El desempleo abierto representa 3% de la población en edad de trabajar, o sea 1.6 millones de mexicanos.

En conjunto, pues, una pérdida enorme para una nación que no debiera darse ese tipo de lujos.

Se habla de crisis y de circunstancias externas; se habla de problemas de preparación y falta de seguridad, pero no de lo que hay que hacer y cómo hacerlo para enfrentar el problema.

Es de dudar que la mayoría de los 12.1 millones de personas que se dedican a la informalidad lo hagan por gusto, pero ante la falta de oportunidades y el crónico déficit en la creación de empleos, casi es de agradecer que no incrementen el cada vez mayor contingente de delincuentes que pululan en el país.

Los ciudadanos frente al crimen

La exigencia social para que los gobiernos reformen las estructuras que permiten la impunidad debe continuar. Pero mientras los políticos acuerdan cómo inhibir y castigar a los delincuentes, la ciudadanía debe hallar mecanismos para dejar de engendrarlos.

En un encuentro de discusión entre policías, fiscales y jueces para abatir el fenómeno del secuestro, en octubre de 2003, en la ciudad de México, el general José Rosso Serrano, ex director de la Policía Nacional de Colombia y director general de la Policía Antinarcóticos de ese país, advirtió: “El secuestrador es mucho más peligroso que el narcotraficante o que el homicida, o que el ladrón; se prepara para no cometer errores pero para hacer sufrir, y goza con el sufrimiento de los demás”. El secuestro, como cualquier enfermedad, no puede ser erradicado del todo sin conocer sus causas.

Una unidad de prevención debería incluir la participación de la ciudadanía en estrategias de comunicación para la solidaridad, el acercamiento entre la comunidad y la denuncia de los delitos, pues —como lo ha confirmado Alejandro Martí— dejar fuera a las autoridades es dejar a la víctima más aislada.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.