Somos una Federación de entes soberanos de acuerdo en unirnos para ser más fuertes, protegernos y buscar el progreso juntos. Que unos saquen más provecho que otros ya es otra cosa.

Somos redundantes en el pacto porque, mientras los problemas crecen, quedamos reducidos a mezquinas escaramuzas por exprimir el poder político.

La confluencia de voluntades que parece darse ahora es una oportunidad dorada para reasumir nuestras obligaciones originales. La seguridad es la primera, ni modo.

Los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los gobiernos de los estados, las autoridades municipales y las organizaciones sociales tienen sitio en este pacto.

Si no queremos que quede limitado a una solemne y colorida ceremonia ante los medios, hay que aceptar que el pacto nos impone responsabilidades y nos modera facultades.

Tenemos que compartir información de inteligencia, más modestamente, los datos de los registros más confiables de los delincuentes, la detallada historia de sus maldades, particularidades y conexiones. Debemos hacer compatibles los sistemas técnicos y científicos de la investigación y persecución de los criminales, depurar los procesos judiciales y modernizar los penales.

El escollo más grande es la corrupción. No es posible combatir el vicio con brigadas de viciosos. La limpieza a fondo de las corporaciones penetradas por los criminales va a ser dura, pero es indispensable.

Ya sabemos que muchas más cosas pueden hacerse para restaurar la seguridad que las batallas campales. Aprendamos con humildad de quienes han resuelto problemas similares.

Importa que todos los hombres del poder participen con determinación y dejen de lado las rencillas menores o las poses personales.

El primer gran paso ya está dado: aceptar la reunión de todos con la atención centrada en la agenda, más que en formalidades que son secundarias.

Lo segundo es avanzar en los puntos del acuerdo. Sin negociación preliminar no hay junta cimera que tenga éxito.

El ingrediente sustantivo es la voluntad política de todos. Y ninguno debe fallar.

Justificar al delincuente

En la Universidad Autónoma de Sinaloa se prohibirán las minifaldas porque, según el rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, la vestimenta de las alumnas es una invitación a ser agredidas o acosadas.

Lo peor es que, según Cuen Ojeda, la institución “educativa”, cuenta con la anuencia de los padres de familia. Una sociedad que justifica al violador, al acosador, al ratero con atenuantes como la “tentación” suscitada por sus víctimas sólo consigue más criminalidad.

Aun si se aceptara que el absurdo criterio tiene razón de ser, ¿hasta dónde debe llegar la prohibición? Después de la minifalda seguirían los escotes, luego los pantalones ajustados y así llegaríamos al punto en que sería obligatoria la burka o la sotana para todas las mujeres.

La medida parece por lo menos medieval. Prohibir en vez de educar, castigar en vez de dialogar. ¿Veremos acaso la quema de libros que no gusten al señor rector?

La crisis de inseguridad que enfrenta México requiere verdaderas medidas de prevención y certeza de castigo para quienes comentan un delito, no para quienes lo sufran.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.