El Poder Legislativo no emite leyes claras; el Poder Ejecutivo no detiene a los delincuentes y, cuando lo hace, no integra bien los expedientes de consignación, lo que facilita su liberación, dice.

Sólo esto hacía falta en este periodo de explosión delictiva, que el Poder Judicial se lavara las manos y culpara a los otros dos poderes de la Unión. De hecho, la postura del ministro suscitó reacciones adversas entre legisladores.

Esta ansia de exoneración choca con la incipiente tendencia de sumar recursos y coordinar esfuerzos en una sola acción dirigida a enfrentar la delincuencia organizada y la corrupción oficial que la protege.

Es verdad que hacen falta tareas de prevención, que las leyes pueden mejorarse y los procesos de investigación ponerse al día, pero también ha sido asombrosa la indulgencia con que muchos jueces se comportan con algunos de los acusados por los más graves delitos, como el narcotráfico, el secuestro y el asesinato, hasta el grado de abrirles las puertas de la prisión para devolverlos a la delincuencia mayor, por fallas procesales menores.

Aunque la estricta observancia de los detalles es parte importante del proceso judicial, también lo es evitar que los culpables se escondan tras ellos.

Lo que el país necesita y la sociedad reclama no es una discusión entre poderes o un concurso de quién tiene más o menos culpas o disculpas. Así como en los niveles ejecutivos ya no es tiempo de que federal, estatal y municipal se culpen unos a otros, la demanda de la sociedad mexicana es que cada poder de gobierno asuma su responsabilidad y que colaboren para suplir sus respectivas carencias.

La resolución del problema que ahora enfrenta la nación, como un todo, pasa necesariamente por una mayor y eficiente colaboración entre los tres Poderes de la Unión, y de forma importante el Judicial.

Es conocida la otra vieja historia de la connivencia entre consignaciones premeditadamente fallidas para facilitar a los jueces la frustración del castigo y perpetuar la impunidad.

El espíritu de la ley es hacer justicia, más allá de las formalidades del recargado papeleo burocrático, concebido para así manipularlo a gusto.

Un sistema judicial más transparente es el reclamo para dar a los jueces su plena dignidad y confiar más en ellos.

Delincuentes con uniforme

Cuando el policía lidia con la delincuencia organizada se ve en la disyuntiva de recibir plata o plomo. Pero cuando él se convierte en criminal ya no es asunto de vulnerabilidades o bajos salarios, sino de falta de controles desde el gobierno.

Tras el asesinato de Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador regional de la Policía Federal Preventiva, las pesquisas llegaron a un miembro de la misma corporación. Luego de que Antonio Padilla Olmos, comandante en Aguascalientes, fuera acribillado, la procuraduría local descubrió que sus colegas deliberadamente ignoraron su petición de auxilio cuando era perseguido por los sicarios.

Hace unos días, después del secuestro y asesinato de Fernando Martí, la policía capitalina se percató de que efectivos de la Policía Judicial podrían haber organizado el plagio.

Por eso sorprende que tardaran tanto las “reestructuraciones” a nivel local y federal. Los responsables deben recordar que de poco sirve sólo dejar sin uniforme a los policías-delincuentes: hace falta castigarlos pero también profesionalizar los cuerpos de seguridad; pagarles mejor, sí, y al mismo tiempo exigirles mejores cuentas.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.