No obstante, existe el riesgo de que esta nueva crisis de seguridad se convierta en una nueva arma de uso para que los líderes políticos se acusen unos a otros, mientras los criminales hacen fiesta. Para conjurarlo, todas las propuestas valiosas para abrir la puerta a la vigilancia social, a la defensa común frente a la delincuencia y a la eficacia de las leyes y las instituciones deben ser bienvenidas.

Tengo para mí que lo peor que podría sucedernos es que asistamos, una vez más, a una suerte de competencia entre líderes y partidos que acabe anulando todas las ideas en curso.

Es cierto que la iniciativa del Presidente para castigar con cadena perpetua a los secuestradores suena como algo inútil y demagógico, mientras la impunidad siga reinando y los delincuentes no sean capturados ni procesados ni condenados con éxito. Pero también es cierto que hay otras propuestas previas de reforma a la administración de justicia esperando turno desde hace meses.

Por su parte, el cambio total de la Policía Judicial del DF no resolverá nada, quizá, mientras los expulsados encuentren sitio en el crimen organizado y los nuevos policías vuelvan a ser protegidos por la corrupción y la prepotencia. Pero la propuesta del jefe de Gobierno del DF añade una creciente participación de los ciudadanos que no debe ser desdeñada.

Y es verdad, en fin, que la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en esta materia avanza con pies de plomo, mientras las organizaciones criminales lo hacen con alas. Pero esa propuesta es mucho mejor que la dispersión que caracteriza a la mayor parte de las policías estatales y municipales.

Es urgente revisar las bases del federalismo en esta materia, pues la fragmentación de la capacidad de respuesta del Estado solamente ha beneficiado a los delincuentes. Y es urgente también utilizar las tecnologías de información de manera pública e intensiva.

En cambio, hay que evitar que la situación sirva para dotar de mayor impunidad a las policías y a los ministerios públicos. Ya llueve sobre mojado cuando se dice que los cuerpos destinados a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos se han convertido en sus enemigos. De modo que no debe pasarse reproche a quienes prefieren no formular denuncias, ni apurar el trago amargo de tratar con autoridades corruptas. Los malos están en los dos frentes.

Pese a todo, estamos ante una nueva oportunidad de reconstruir de verdad la seguridad pública. Pero hay que entender que el Estado no es la organización de las policías, ni mucho menos de su capacidad para actuar libre e impunemente, sino la organización de los ciudadanos que quieren convivir en paz y compartir la garantía de una identidad nacional. Es hora de abrirle la puerta a la gente para que, con la ley en la mano, pueda emprender la defensa colectiva de su derecho a la vida.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.