El clima es de impotencia de la ciudadanía frente a una violencia que ha roto la línea entre la policía y la delincuencia. Existe miedo a convertirnos en una víctima de bandas que actúan desde dentro del aparato de seguridad. La rabia cubre el ambiente y lo primero que se presenta es la vía fácil de exigir pena de muerte o cadena perpetua para los criminales. La primera obligación del Estado, la seguridad, ha fracasado.

A pesar de lo problemático que puedan ser las cifras sobre el secuestro, porque muchos de ellos no son denunciados, hay un incremento notorio de 35%, de 2006 a 2007, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Imposible olvidar la época del general Durazo como uno de los símbolos de la corrupción policiaca. Asesinatos de personas inocentes a manos de criminales sociópatas han impactado a la sociedad. Hace algunos años conocimos el horror de criminales como el llamado Mochaorejas, Daniel Arizmendi, que torturaba a sus víctimas y les cortaba las orejas.

La guerra cotidiana en contra de los cárteles de la droga ha generado un acostumbramiento a la violencia y ha producido una estadística de muertes que todos los días se incrementa. Muchas de las bandas de secuestradores han sido pobladas por ex policías y ahora ha empezado a crecer una tendencia que posiblemente no sea nueva, pero que cada día empeora; se ha roto la línea entre la policía y la delincuencia, ahora los agentes de la seguridad secuestran y matan a sus víctimas, como lo hicieron con Fernando Martí y con su chofer, Jorge Palma Lemus. El único que se salvó del crimen fue el escolta a quien se le daba también por muerto, Christian Salmones Flores.

Con todo el poder del aparato estos agentes, convertidos en criminales, han roto la línea. La corrupción y el abuso de poder son una constante dentro de las corporaciones policiacas. Es un tema que ha sido estudiado. Ya se sabe que estas prácticas se reproducen donde hay ambigüedad de las leyes, donde existe impunidad y discrecionalidad, y en México tenemos todos los ingredientes de esta mezcla.

Como lo han mostrado investigaciones de la Comisión de Derechos del Distrito Federal y los trabajos sobre la policía de la antropóloga Elena Azaola: las prácticas de corrupción van desde la detención arbitraria, la coacción, la extorsión y la privación ilegal de la libertad. Las instituciones de inseguridad experimentan un entramado de desconfianza generalizada, en todos los niveles y entre las diversas partes, como por ejemplo entre la policía judicial y el Ministerio Público.

Las prácticas de corrupción son eslabones de una cadena que se traducen en abusos de poder dentro de un clima de desconfianza: desde la fabricación de pruebas, pasando por la tortura, hasta la hiperburocratización que ha llevado a los policías ser “investigadores de papel”, policías que llenan formatos ficticios, informes de mentiras. Con este tipo de instituciones de seguridad se ha creado una “estructura de dominación enraizada mediante la violencia y el miedo”, como dice Azaola.

El impacto por el asesinato de inocentes provoca lo que algunos estudiosos de la seguridad han llamado el “populismo penal”, con el cual se intenta elevar las penas como un remedio inmediato. Por eso escuchamos los gritos en favor de la pena de muerte. Felipe Calderón propuso hace unos días la cadena perpetua para los secuestradores, la cual ya existe en la práctica.

Desafortunadamente, nada garantiza que con ello se pueda empezar a solucionar la inseguridad, dada la quebrantada institucionalidad de la justicia que existe en México. ¿Cómo y por dónde empezar a reparar la línea rota? Uno de los retos más urgentes en el país…

Investigador del CIESAS

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.