Los ministros habían clasificado la lista como confidencial con la explicación de que eran datos personales y los ministros ya no eran funcionarios. Los datos, por supuesto, eran oficiales porque afectaban el presupuesto nacional de egresos, y los ministros son, precisamente, pensionados, es decir, beneficiarios del pago por su condición de ex servidores públicos.

El pago excede notablemente la justa recompensa por un desempeño profesional en el Poder Judicial de la Federación, pues se aplica en el mismo monto a todos los ministros, aun a los que estuvieron en el selecto cuerpo un año, o poco más, como Miguel Montes García y Diego Valadés Ríos.

Porque además de los más de 160 mil pesos al mes que los ministros perciben —más que el salario nominal del Presidente de la República— disfrutan de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes.

El dispendio es ofensivo en un país que aprieta el cinturón en todas lás áreas y tiene entre sus agravios principales la impunidad y la insuficiencia notoria de un verdadero sistema de impartición de justicia, urgido de mayor transparencia en todas sus areas.

Era comprensible que la información se ocultara, hasta ahora, que se hace pública por la revocación acordada por los ministros Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

No se está en contra de una jubilación adecuada, sino en contra de la desproporción y desigualdad de las recompensas, desfasadas de las estrecheces de un país con crecientes responsabilidades, menguados ingresos y manejos discrecionales del tesoro público.

Además, algunos de los pensionados en el Poder Juidicial continúan en el desempeño de tareas públicas, académicas y particulares justamente remuneradas. Hay que ver la lista que hoy publicamos para comprobarlo.

En el escenario de violencia, inseguridad, enriquecimientos súbitos de funcionarios y sus parientes, tráfico de enervantes, armas y personas, secuestros, atropellos y despojos, la demanda generalizada es de justicia, no con penas nuevas, cuya sola discusión abre otro frente social y político, sino con las que ya están previstas.

Lo que hemos visto es que los pocos delincuentes que llegan a ser apresados son rápidamente liberados por diligentes servidores judiciales más celosos de la pureza de los procesos —siempre dotados de puertas de escape—, que del imperio de la justicia en la vida cotidiana.

Está bien que la Suprema Corte haya abierto otra rendija que deje atisbar sus interiores, pero todavía nos falta un largo trecho para que se haga la luz que permita verificar que a cada quien le da lo suyo, sin componendas ni oscuridades, con un verdadero espíritu de justicia en su desempeño, que todos, por presumir de respetable, pocas veces cuestionamos.

Lo mismo vale para el honorable Congreso de la Unión y para las 32 entidades federativas, incluído el Distrito Federal, que todavía no nos dice ni siquiera cuánto costaron los segundos pisos viales ni cómo se adjudicaron los contratos de obras.

La transparencia es uno de los requisitos de la vida democrática, y los muy togados señores ministros son, como todos en el Legislativo y el Ejecutivo, los servidores de la sociedad.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.