La democracia se degrada cuando los votos no responden a la libre convicción de los electores, cuando las reglas se ponen en entredicho y cuando la información sobre los partidos y los gobiernos es deficiente. Si en lugar de convencer, los partidos buscan reclutar electores; si en lugar de informar, manipulan los datos; si en lugar de ofrecer certeza, generan incertidumbre, la democracia pierde calidad y en vez de producir ciclos creativos de acción y de reflexión colectivas, puede construir espirales de desconfianza y confrontación. Los procesos electorales pueden significar oportunidades insustituibles para consolidar a la democracia o pueden convertirse en ciclos interminables de crisis políticas.

México no tiene garantizado ninguno de esos destinos. Para bien o para mal, todo depende de la forma que adopten los siguientes procesos electorales. Tenemos experiencias de ambos tipos de desenlace: 1988, un ciclo constructivo de más de 10 años, y la crisis política de 2006. En el camino, cambió el régimen político del país y las reglas y las autoridades electorales se han modificado cada vez que ha sido preciso. Pero la clave ha estado, a final de cuentas, en el proceso de construcción de la aceptabilidad de los resultados, mucho más que en éstos en sí mismos.

En este sentido, creo que hay motivos fundados para encender las alarmas. De un lado, salta a la vista que hay un amplio grupo de la sociedad que no sólo ha perdido la confianza sino que está dispuesto a escalar los costos de cualquier acto que ponga en entredicho la equidad y la transparencia de las próximas elecciones. Para ellos, el agravio de 2006 sigue vigente y lo estará, por lo menos, mientras transcurre el sexenio completo.

Pero de otro lado, las decisiones que están tomando el gobierno y su partido en la antesala de los procesos electorales tienden a confirmar el riesgo de un nuevo escenario de crisis. La alianza explícita con el SNTE y el refuerzo del liderazgo político de Elba Esther Gordillo, el retorno estelar del ex presidente Vicente Fox y su grupo, el cese de Santiago Creel tras el reclamo de Televisa y la recomposición de puestos en la administración pública en manos de militantes activos del PAN son signos que anuncian la decisión gubernamental de ganar mayorías a toda costa. Como si las lecciones tomadas en 2006 no hubiesen causado ninguna mella, parecería que lo único relevan te fuera la aritmética de los votos, aunque en el camino se destruya la cristalería fina que condiciona el éxito del proceso.

Pedir a las autoridades electorales que asuman todas las consecuencias es ya, también, un expediente agotado. Y más todavía cuando éstas se encuentran desafiadas por la entrada en vigor de una nueva legislación, mucho más compleja que la anterior. Si los actores en disputa no se hacen cargo de las consecuencias de sus decisiones, nadie más podrá hacerlo. El proceso electoral puede ayudar a consolidar nuestra democracia, pero también puede ser el principio de otra crisis. Las calculadoras electorales no sólo suman, también restan.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.