La gran mayoría de esos rechazados no podrá ingresar a las universidades privadas de alta calidad académica por carecer de los recursos indispensables para pagar colegiaturas que fluctúan entre 5 mil y más de 12 mil pesos mensuales. En las universidades públicas los costos por alumno fluctúan entre los 5 mil y 7 mil pesos mensuales, según se acredita en sus presupuestos y así lo ha constatado un sólido estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Mientras eso ocurre, a muchos de los rechazados no les quedará más remedio que refugiarse en el fraude masivo de las “universidades patito”, que ofrecen estudios y títulos profesionales que de poco o nada les servirán para competir con los egresados de las grandes instituciones públicas y privadas del país. Otros más se irán a la marginalidad, al ambulantaje, y un buen número engrosará a los ejércitos de zombis atrapados por el narcotráfico y por el delito.

No es posible que los mexicanos veamos impasiblemente esta tragedia social que sólo habrá de subsanarse cuando cada estudiante rechazado que demuestre vocación, responsabilidad y compromiso reciba un bono de apoyo económico por una cantidad semejante a la que hoy sólo favorece a quien sí logra un lugar en las universidades públicas, siempre y cuando dicha cantidad se aplique en instituciones públicas o privadas que estén acreditadas por un sistema nacional de evaluación sustentado en las acreditaciones de SEP, Ceneval, CIEES, Copaes y FIMPES.

Este proyecto es de elemental justicia social ya que ese bono, que no permite lucro, habrá de aplicarse en la institución pública o privada en que se inscriba cada estudiante; y sólo así podremos empezar a competir con India, China y el sureste asiático, que han logrado su espectacular desarrollo apoyando a sus mejores estudiantes. Sólo así podremos salvar a nuestras nuevas generaciones antes de que sea demasiado tarde para ellas y para todos nosotros.

editorial2003@terra.com.mx

Doctor en Derecho

Es doctor en Derecho por la UNAM. Se ha desempeñado como abogado litigante y como empresario en la industria editorial y en el sector comercial.

En el sector público ha sido además secretario general del INAH, fundador y director general del Instituto de la PGR, procurador general federal de la Defensa del Trabajo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF y secretario de Seguridad Pública federal.

En su vida académica ha ejercido la docencia en la UNAM, en el INAH, en el ITAM, en la Universidad Anáhuac, y es rector de la Universidad de las Américas A.C.