Principalmente contra el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ya disminuido por la matanza de la discoteca New’s Divine. El propio presidente Felipe Calderón lo conminó a coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad, en lugar de organizar consultas que dividen a los ciudadanos con temas que éstos no ven como los más urgentes.

Sin embargo, la seguridad, fin primero del Estado, no solamente está hecha trizas en el DF, sino en buena parte de la República. Baste recordar a Naomi, la aún hospitalizada niña de tres años lesionada en su cuna por una bala perdida; las niñas acribilladas en Guamúchil, Sinaloa, al salir de una fiesta de 15 años; la toma de rehenes en un centro comercial de Mazatlán; los secuestros y crímenes en Guerrero y el estado de México; y otra larga relación de sucesos criminales. Sesenta secuestrados han sido asesinados en este sexenio.

La airada reacción de los mexicanos se notó ayer en una caudalosa corriente, que duró todo el día, de comentarios coincidentes con el editorial de EL UNIVERSAL, provenientes de todo el país y el extranjero.

La censura a las autoridades y los policías —no sólo ineficientes, sino criminales y que se sirven de los datos internos para planear sus desmanes— es unánime, sin distinción de partidos, y hay hasta propuestas para reinstaurar la pena de muerte.

Antes de estos extremos, habría que aplicar simplemente la ley actual, con integridad y eficacia. No es poca cosa.

Es necesario poner un límite.

El espejismo de la pena de muerte

La rabia y la indignación por el brutal secuestro y asesinato de Fernando Martí han revivido el debate sobre la conveniencia de la pena de muerte en México.

La escoria responsable por este caso merece el más duro de los castigos, pero decidir la vida o muerte de una persona es demasiada responsabilidad para dejarlo al arbitrio de un sistema judicial tan corrupto y politizado como el nuestro.

Si, como se asegura públicamente, se permite la corrupción en los sindicatos, la pederastia entre los poderosos, si se condena a indígenas por desconocer el español, si el Ministerio Público desaparece o aparece pruebas según quién pague, ¿cómo confiar en que la vida de inocentes quedará fuera de riesgo?

En un sistema más eficiente, caso de Estados Unidos, por ejemplo, la medida no ha demostrado por sí misma reducción en los índices delictivos. El caso de José Medellín ilustra que la revisión de un proceso de pena capital es susceptible incluso de criterios raciales.

La discrecionalidad inevitable, sujeta a prejuicios e intereses de todo tipo, que avalaría la pena de muerte es inmoral en cualquier sistema judicial.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.