En ningún país del mundo la autoridad puede evitar que se cometan delitos, pero sí está obligada a someter a juicio y a castigar a los malhechores. Aquí, la ola criminal avanza irremisiblemente por la fragilidad de lo que llamamos estado de derecho, la ineficiencia policiaca y la corrupción.

El plagio y asesinato del joven Martí, tan tristes, dolorosos e indignantes como otros muchos, marcan un exceso por acumular todas las agravantes imaginables: secuestro, cobro del rescate de millones de dólares que exigían y asesinato. La ofensa no conoce límites.

Las huecas reacciones oficiales carecen de sentido. El caso es “del más alto interés” para el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; los secuestradores “merecen la pena de muerte”, para el diputado priísta Emilio Gamboa Patrón; la Comisión Permanente “guarda un minuto de silencio”...

La que no calla es la sociedad. México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada hace más de un decenio por la madre de otro plagiado asesinado, acusa a las autoridades de complicidad con plagiarios y homicidas, por no cumplir con sus obligaciones. Es peor aún: en este caso, como en muchos otros, hay policías entre los implicados.

Cada año, cerca de 600 personas son secuestradas en México. Casi la mitad de los secuestros ni siquiera se denuncian. Pero cuando en 2004 una multitud vestida de blanco desfiló para protestar contra la violencia, el entonces jefe del DF, Andrés Manuel López Obrador, los llamó pirruris conspiradores.

No se trata del reclamo de un grupo, sino de una demanda social para políticos y representantes electos —municipales, estatales y federales—, para quienes sin embargo la idea de seguridad pública parece más allá de sus capacidades e intereses políticos y personales.

Los gobernadores hacen lo que quieren

A 45 días de que concluya la segunda etapa de actualización de datos fiscales en Puebla, el gobierno del estado no atina a responder en qué se invirtieron los 40 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a la entidad para llevar a cabo el programa.

En Veracruz, Fidel Herrera clasifica como “confidencial” sus gastos de promoción, viáticos y sueldos. En Tabasco desaparecen 90 millones destinados a la prevención de desastres. En Querétaro liquidan en los hechos al instituto de acceso a la información mediante su fusión con la comisión de derechos humanos local. Hay una constante: la resistencia de las entidades a rendir cuentas.

En cada foro o reunión los gobernadores no pierden oportunidad para pedir más recursos a la Federación. Según ellos, darles más autonomía en la gestión de sus propios recursos, y aumentarles el gasto, es signo de evolución democrática.

Mientras los gobiernos estatales mantengan posiciones contra la rendición de cuentas que mandata la Constitución, los gobernadores carecerán de razones para pedir que más dinero llegue a sus escurridizas manos.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.