La democracia representativa (partidos, elecciones, gobiernos, congresos) y la democracia participativa (consultas, asambleas, presupuestos participativos) no son mecanismos antagónicos en teoría, sino complementarios. Los mecanismos de participación directa como plebiscito y referéndum, funcionan cotidianamente en países democráticos, pero en México se trata ejercicios que no cuentan con la legalidad necesaria, salvo a nivel local.

Desde hace al menos dos décadas hay un esfuerzo para que México tenga elecciones confiables y que pueda romper con las viejas prácticas del fraude. Los resultados han sido variables, avances y regresiones. Después de lo que se ha invertido en materia electoral, ya deberíamos tener un modelo que funcionara casi en automático, sin embargo, continúan las reformas, crece la insatisfacción y los ajustes no terminan. Los resultados del esfuerzo electoral no han generado una democracia representativa con calidad, sino todo lo contrario. La mayor desconfianza ciudadana apunta hacia los partidos y los legisladores. Nuestra clase política es poco apreciada y los índices de votación han bajado de forma sistemática en los últimos años. Tenemos una democracia que funciona con la mitad o menos del voto popular. En teoría esta realidad hubiera sido suficiente para que los legisladores se preocuparan por crear nuevas formas de participación. Pero en la realidad no ha sucedido así.

La consulta sobre la reforma petrolera forma parte de la intensa lucha política que vive el país en los últimos meses y ya es una pieza más de la polarización política. La consulta debería haber sido en teoría un instrumento de participación ciudadana plural, pero se convirtió en un ejercicio de una parte de las fuerzas políticas; debería haber tenido todos los instrumentos de certidumbre, como padrón electoral, privacidad para votar, tinta realmente indeleble, formulación de preguntas claras, acceso a medios, pero la realidad fue otra: se votó sin padrón, sólo con credencial, sin secrecía, con preguntas ambiguas, sin una campaña en los medios electrónicos.

Los resultados preliminares aparecen como una expresión de las condiciones en las que se realizó la consulta. Participaron unos 826 mil ciudadanos en el Distrito Federal, lo cual representa un 11.5% de la lista nominal de electores. Un número bajo respecto a cualquier elección. Un resultado paradójico porque algunas encuestas señalaban que la proporción de ciudadanos con deseos de participar en la reforma petrolera era cercana al 80%. De acuerdo a los resultados las dos preguntas fueron respondidas de forma abrumadora por el NO: la primera sobre la participación de empresas privadas en la explotación, transportación, distribución, almacenamiento y refinación obtuvo tuvo un desacuerdo de 87%, y la segunda sobre aprobar las reformas que se discuten en el Congreso, el desacuerdo fue de 83.9%. Número esperables. Diversas encuestas indican que los números a favor y en contra de la reforma del ejecutivo están más parejos en el país e incluso en el DF. Así que la consulta, como un ejercicio identificado con el PRD, queda marcada de amarillo y negro.

Lo que sigue será la administración de los tiempos políticos. Mientras el PRD termina su calendario de consultas, la propuesta del PRI, que tiene amplias similitudes con la del PAN, será el material básico para el que el Congreso legisle la reforma petrolera. La teoría, los debates y las necesidades, por un lado, y la realidad de los acuerdos duros y los intereses facciosos, por el otro.

Investigador del CIESAS

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.