La bandera de la participación ciudadana es, sin embargo, un arma de doble filo. Quién gana batallas políticas enarbolando esta causa, también puede perderlas por la misma razón. La consulta del pasado domingo ofrece lecciones importantes. Para Ebrard, AMLO y el PRD era obligatorio un alto nivel de participación ya que pretenden derivar un mandato del resultado de la consulta: “si el pueblo dice ‘No a la privatización’, ese es el mandato que vamos a acatar y que vamos a hacer valer” (AMLO) o , como señaló Ebrard: “la consulta nos debe guiar a todos”. Sin embargo, en ejercicios parecidos como el plebiscito o el referéndum, la condición imprescindible para hablar de un mandato es una tasa de participación superior al 50%. En el DF, incluso, se exige el 66.7%.

Más allá de que la consulta no es legalmente vinculatoria y por ello no genera mandato alguno, la consulta no pasó la prueba de la participación ciudadana. En los 10 estados incluidos en esta primera fase, la lista nominal es de casi 33 millones de personas, mientras que la participación se estima en millón y medio. En otras palabras, el abstencionismo alcanzó la cifra del 95%. En el caso del DF, se habla de una afluencia de 826 mil personas, lo que equivale a casi el 12% de la lista nominal.

La participación en la consulta energética superó por mucho a la de ejercicios similares como el plebiscito de 2002 o la Consulta Verde. Sin embargo, es imposible derivar de ella un mandato que vincule a todo el país cuando la decisión la tomaron sólo unos cuantos. En el mejor de los casos podemos hablar de un mandato perredista. Mandato importante si se quiere, pero circunscrito a los simpatizantes y representantes populares del partido del sol azteca.

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Analista político