Una investigación de EL UNIVERSAL da a conocer hoy que directivos de la SRA beneficiaron con recursos públicos —programas de subsidio para jóvenes campesinos— a familiares suyos por medio de organizaciones civiles supuestamente preocupadas por el desarrollo rural.

Los casos de abuso de poder en beneficio de privados han terminado desde hace décadas cuando mucho en meras inhabilitaciones para los servidores públicos responsables ya sea por inconveniencia política o por insuficiencia de pruebas.

Las consecuencias son más que políticas para los gobiernos responsables. Alcanzan en segunda instancia daño a la credibilidad de las instituciones democráticas en general. La alternancia en el gobierno federal no ha eliminado las fugas de dinero público hacia los bolsillos de sus funcionarios como lo muestra el caso en SRA. Con esto, ¿cómo culpar a la gente por abstenerse de votar o de ver con recelo los programas sociales?

Las soluciones ante los escándalos en turno se limitan a parches legales como la reciente propuesta de impedir al Cisen contratar empresas para realizar espionaje político.

Igual sucede con las “comisiones” del Congreso que buscan fungir como Ministerio Público. Han surgido para investigar toda clase de casos, pero culminan con simples recomendaciones a las instancias judiciales, casi siempre, sin pruebas.

Los mecanismos que hacen posible robar dinero público por resquicios legales o de las estructuras institucionales permanecen intocados. La Ley de Acceso a la Información Pública es lo único que ha hecho el gobierno federal en los últimos 8 años a nivel profundo para combatirla.

La población confiará más en la inversión privada, los impuestos, los fondos de pensiones y los proyectos gubernamentales en general cuando defraudar al erario sea difícil y las consecuencias de hacerlo, temibles.

Segunda Editorial: La calidad educativa sigue pendiente

Para lograr una plaza de maestro en México las egresadas o egresados de las normales ya no tendrán que desembolsar miles de pesos ni dar el “cuerpo”, según palabras de la propia Elba Esther Gordillo. Basta con que sepan leer y escribir aunque si reprueban el examen obtendrán el puesto.

En las negociaciones entre el sindicato y la SEP se impuso el gremio para que el mayor puntaje obtenido por un maestro en cada estado determine el promedio mínimo de ingreso para una plaza. Es decir, si en una entidad la máxima calificación es de 8, el promedio mínimo para obtener un puesto de trabajo será 5.6

Además, en los estados en donde las plazas se heredan seguirá ese abominable mecanismo como “prerrogativa laboral”. A dos meses de instalada la comisión rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación, pareciera que la calidad es el punto pendiente de las negociaciones.

Nada se ha hecho sobre los miles que cobran sin trabajar mediante comisiones sindicales, nada sobre las escuelas que cobran a padres de familia para inscribir a sus hijos. Si el compromiso del SNTE es verdadero deberá ceder en esto y mucho más.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.