Editorial del diario chileno (versión editada)

A la inquietud ante una inflación que ha alcanzado 9.5% en 12 meses, se suma la preocupación por la divergencia de opiniones entre el gobierno y la mayoría de los analistas respecto de las causas del problema.

El ministro de Hacienda ve su origen en fenómenos internacionales, restando relevancia a los efectos de una demanda interna. También coinciden analistas en cuanto a que, sin perjuicio de las causas externas, las condiciones internas derivadas del crecimiento en el gasto agregado han contribuido a las alzas de precios. Si a esto se agrega el efecto que tiene en la economía la indización de precios, resulta claro que las alzas internacionales son sólo una parte del problema.

Centrar el debate en el cálculo de una proporción precisa del alza en el índice de precios que habría originado uno u otro no es conducente. Antecedentes concretos indican que lo fundamental es que durante estos 12 meses el IPC acumula un alza de 9.5%, y si se descuentan los combustibles y los alimentos perecibles, la inflación subyacente totaliza 8.7%. Y si de esta medición se aíslan los productos y servicios influidos o sujetos a tarifas reguladas, disminuye sólo a 8.4%. Pero el cálculo del Ministerio de Hacienda va más allá: al descontar la totalidad de los alimentos y la energía, obtiene una variación anualizada de 4.8%, o sea, en línea con la inflación internacional.

Aun dejando de lado los reparos del cálculo, la cifra así medida confirma que los factores domésticos tienen un efecto en la inflación.

La inflación que afecta a la economía chilena obliga a actuar con decisión. El Banco Central ya ha dado muestras de disposición a combatirla con firmeza y lo procedente es que persevere en esta línea. Si bien el gobierno ha manifestado preocupación y señalado que con sus políticas contribuirá a combatir la inflación, en la práctica está entregando un mensaje nebuloso, pues su diagnóstico no da mayor cabida a las presiones de demanda como factor explicativo de las alzas de precios.

Mientras no haya conciencia en el Ejecutivo de que, al margen de la regla de superávit estructural, la presión del impulso fiscal sobre la demanda agregada influye en la tendencia inflacionaria, el ajuste que deberá inducir el Banco Central será mayor y más elevado el costo que se pague en términos de actividad económica sacrificada.