De acuerdo con el ICESI (institución patrocinada por el gobierno federal, la UNAM y el Politécnico), en México se cometen anualmente cerca de 12 millones de delitos, de los cuales quedan impunes casi 99%, y ello muestra el número abrumador de víctimas y la cantidad mínima de delincuentes que son castigados, indicándonos también que la sociedad civil ha tenido que asumir su propia defensa, mientras las instituciones gubernamentales incumplen con sus funciones primigenias de brindar seguridad y justicia, que son las razones fundamentales de la existencia del Estado.

El martirio permanente de las víctimas de la injusticia en nuestro país transita por los tribunales laborales, que tienen más de 70 años de llevar a cabo juicios orales, que ahora están de moda, y que en ese ámbito exhiben los niveles de ineptitud y de corrupción más inenarrables.

La justicia administrativa es un verdadero monumento a la burla a los derechos ciudadanos, y el acudir a esos tribunales pone a prueba la capacidad de resistencia que cualquier persona frente a la manipulación, la dilación, el tráfico de influencias y la justicia denegada, que por dilatada es inútil.

Los tribunales agrarios han construido un sistema de perversidad infinita, que permite garantizar que nunca se logrará la certeza jurídica en esa materia y que siempre quedará a la deriva cualquier derecho.

Cuando se entra al ámbito mercantil, bancario o el referente a los derechos del consumidor, ahí se ha creado una superestructura burocrática, inútil y pretenciosa, que ni los mandarines chinos se hubieran atrevido a imaginar, en la cual se puede ir de puerta en puerta exigiendo justicia y obteniendo escarnio; y lo mismo ocurre en cualquier juicio hipotecario y en las quiebras.

De la justicia penal ya mejor ni hablamos, porque en ese ámbito las cosas han llegado a tales extremos que ahora Colombia es la que ya no quiere mexicanizarse, y es así como en este país sus estructuras jurídicas continúan socavando su presente y el futuro en aras de la corrupción y de la impunidad.

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Doctor en Derecho

Es doctor en Derecho por la UNAM. Se ha desempeñado como abogado litigante y como empresario en la industria editorial y en el sector comercial.

En el sector público ha sido además secretario general del INAH, fundador y director general del Instituto de la PGR, procurador general federal de la Defensa del Trabajo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF y secretario de Seguridad Pública federal.

En su vida académica ha ejercido la docencia en la UNAM, en el INAH, en el ITAM, en la Universidad Anáhuac, y es rector de la Universidad de las Américas A.C.