En el documento de la Amedi establecemos las siguientes razones sobre el tema: la reforma protege a la equidad como un valor fundamental de la democracia, bien que fue vulnerado durante la pasada elección presidencial; la reforma blinda —relativamente— las elecciones de la dominación del mercado de medios electrónicos; limita la capacidad de las empresas de medios de influir para favorecer o para discriminar, como lo hemos visto en estos días con el caso del borramiento autoritario que hizo Televisa de la imagen de Santiago Creel, presidente del Senado (“¿Stalin en Televisa?”, dijo Jorge Castañeda); la reforma intenta recuperar el debate y sacarlo de la lógica limitada del spot, un género para manipular filias y fobias.

En síntesis, se trata de no confundir las libertades de expresión con las libertades para hacer transacciones comerciales en los medios masivos.

Los verdaderos peligros para la libertad de expresión están en otras partes, desde las amenazas, desapariciones y asesinatos de periodistas, hasta la concentración de medios en manos de un duopolio televisivo, que atenta cotidianamente en contra de la calidad y los espacios de pluralidad que necesita el país.

Han empezado a publicarse respuestas a la Amedi, textos atendibles como los de Héctor Aguilar Camín (Milenio) y Leo Zuckermann (Excélsior). El primero establece su diferencia con dos partes, una práctica sobre quién puede pagar spots, ya que hay unos muy baratos, y una teórica, sobre el desacuerdo de ubicar la equidad por encima de la libertad. El segundo apunta analogías que pueden llegar al absurdo como una equidad mal entendida que prohíba todo lo que no puedan adquirir todos los integrantes de la sociedad.

De nuevo, no se trata de suprimir libertades de expresión, sino de quitar la posibilidad para hacer transacciones comerciales, comprar spots electorales. Pongamos en contexto el problema: la crisis del modelo de medios y campañas llegó a su punto crítico en 2006, la reforma fue un intento de solución a este proceso.

Sin embargo, con lo positivo que puede tener acercarnos a un modelo más equitativo tipo europeo (francés, inglés o español) de asignación directa de tiempos en medios, en México nos quedamos a la mitad porque los legisladores dejaron en el aire los siguientes pasos de la reforma. Establecieron una autoridad electoral con mucha responsabilidad, pero sin los instrumentos y dientes necesarios para operar el modelo. Los legisladores postergaron otra vez una nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones, como un armisticio con las televisoras.

La regulación de los medios masivos es inversamente proporcional a lo que debería ser un modelo de comunicación plural, democrático y de libertades. Las trampas para sabotear la reforma electoral son una aberración, desde la gacetilla electrónica en los noticiarios del duoplio televisivo (ver caso de Enrique Peña Nieto), pasando por el desacato al IFE, hasta el litigio en contra de la reforma, lo cual acentúa la polarización y dificulta recuperar la credibilidad electoral. ¿De qué libertad y de qué equidad hablamos con estos medios que han capturado al Estado?

Investigador del CIESAS

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.