Lo cierto es que al concluir el primer semestre de 2008, todos los indicadores de gobernabilidad presentan serios problemas.

La economía no crece; por el contrario, las estimaciones de crecimiento han disminuido. La tasa interbancaria se incrementó en 0.25 puntos; la inflación se colocó por encima del 4% esperado, alcanzando en junio 5.3%, la más alta en seis años. Los alimentos y bebidas aumentaron 10% y algunos productos como el arroz acumulan aumentos hasta de 44%. Se importa 40% de los alimentos: 50% del trigo y 70% del arroz. Por falta de bodegas, se pierden 800 mil toneladas de alimentos cada año. De los 150 alimentos sujetos a control en el programa “Para vivir mejor”, 102 ya habían subido de precio.

El desempleo se incrementó 3.4% a mayo. El 33% de los mexicanos son trabajadores sin pago o por cuenta propia. La migración, pese a las restricciones del gobierno de EU, continúa. Las remesas que envían los mexicanos en el exterior —24 mmdd en 2007— se han convertido no sólo en paliativo de la pobreza, sino que cubren el vacío dejado por un Estado que ha renunciado a su responsabilidad social dando prioridad al pago de favores y a los negocios al amparo del poder público.

La deserción escolar y los índices de reprobación aumentan. El aprendizaje del español y las matemáticas se encuentra por debajo de los niveles exigidos. Alrededor de 839 mil niños no concluyen la educación primaria.

Los niveles de violencia alcanzados por el crimen organizado, en especial del narcotráfico y el secuestro, no tienen precedente. A junio las ejecuciones alcanzan más de 2 mil, con lo que suman casi 5 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. En Oaxaca se reportan hoy más de 200 secuestros.

Estamos no sólo ante la crisis del aparato institucional, sino ante el deterioro del tejido social en el país. Más allá de la confrontación política y encono social herencia de 2006, los problemas de pobreza y desigualdad, la falta de expectativas para encontrar un empleo o concluir un proceso de formación escolar, la desintegración familiar producto de la migración y el abandono del campo que induce a los productores rurales a buscar alternativas ante la falta de apoyos del Estado en una actividad ilícita son señales de alerta.

A ello se suma el desprecio por la gente y sus iniciativas. Desprecio a debatir, consultar y permitir la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, a quienes la derecha considera incapaces para conocer, por ejemplo, de la reforma energética y la privatización de la industria y la renta petrolera.

La situación es crítica, lamentable y puede empeorar. Por ello, el país no necesita de falsos optimismos y visiones autocomplacientes o unilaterales. Se requiere de transformaciones profundas en la vida nacional que conduzcan a un cambio democrático sin ruptura, que supere estos vicios e inercias, y éstos no vendrán de la derecha que de facto detenta el poder. De ahí la importancia de la movilización social que impidió el albazo para aprobar la reforma energética, que impulsó y ganó el debate nacional y que hará valer el derecho a la consulta ciudadana.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM