Ayer, el Congreso local debatió modificaciones a la Ley de Transparencia Estatal, con propuestas presentadas por el gobernador Mario Marín, que son, en los hechos, un retroceso en la rendición de cuentas del gobierno local, pues no otorgan autonomía a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) —órgano dependiente del Ejecutivo estatal que garantiza la información al público— y limitan el número de sujetos gubernamentales obligados a responder ante este organismo. Mal.

Parece consolidarse así una tendencia en los estados a deshacerse de una de las más avanzadas formas introducidas en México para garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos de cualquier nivel.

Informar a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos sólo puede incomodar a quien sabe que éstos no se están ejerciendo a cabalidad u honestamente.

Cabe recordar que también el gobierno de Querétaro ha legislado para dar marcha atrás en materia de transparencia y que en el DF la batalla ha sido ardua para que la información no sea indiscriminadamente clasificada con reserva, tal y como sucedió con las erogaciones por concepto de los segundos pisos del Periférico.

Es decir, que gobiernos estatales emanados del PRI, PAN y PRD, por igual, se han mostrado reacios a abrir sus archivos, lo que revela que este es un asunto común a los partidos en el poder y no privativo de alguna tendencia en particular.

Esto no habla bien de nuestra democracia ni de la disposición de los partidos a ser cada vez más transparentes. Se quejan de que la información puede ser usada con fines de golpeteo político, cuando la lógica es que un presupuesto bien ejercido pasa, bajo cualquier circunstancia, la prueba del escrutinio público. ¿Cuál es, entonces, el miedo?

El mal ejemplo de Puebla no debe cundir por el país, a riesgo de regresar al reino de la opacidad administrativa y la impunidad rampante. Nada justifica que se regatee información a la ciudadanía y que se vuelva a los tiempos en que unos cuantos decidían —y se beneficiaban— del erario.

Todo lo que signifique retroceso ha de ser rechazado, así como aplaudido todo lo que vaya en sentido de más apertura.

Tras el botín del New’s Divine

Antes que resolver el problema moral de deslindar la responsabilidad que tuvieron las autoridades delegacionales en Gustavo A. Madero al permitir la operación de la discoteca New’s Divine, las tribus perredistas estuvieron más preocupadas por garantizar que uno de los suyos sustituyera a Francisco Chíguil como jefe delegacional.

Predominó la rebatinga bajo la mesa, las amenazas internas, los actos de masas inducidos y presentados como “espontáneos”, pero no se vieron acciones de condena y rechazo a la forma en que las autoridades de la demarcación se condujeron respecto a los permisos que sin control o con cuestionables criterios han sido otorgados a giros negros y similares.

Más preocupado por las cuotas de poder y los intereses creados, el PRD capitalino mostró su vieja cara de PRI corporativista, en demérito de los intereses de los ciudadanos, quienes no saben si el probable relevo de Chíguil, Luis Meneses, en verdad habrá de enmendar las faltas operativas de su antecesor, que todo indica que no son menores, o sólo llegará a tapar las huellas que llevan hasta los extraños permisos delegacionales.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.