Cuando sobre el Cisen llueven cargos de sospecha de espionaje contra legisladores, de contratar para hacerlo a empresas privadas creadas sobre la marcha por favoritos del PAN en el Distrito Federal, y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pide al Presidente de la República la destitución de su director, éste reaparece en una entrevista con el Financial Times en la que afirma: “No descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de algunos legisladores)”.

En un país donde las declaraciones son la forma de hacer política, la afirmación de Valdés causó el consecuente coro de protestas en el Congreso, que ciertamente tiene el poder de limitar si no denegar del todo el presupuesto del que depende el propio Cisen.

El Congreso de la Unión está formado por 500 diputados y 128 senadores muy diferentes entre sí en educación, rango social, trayectoria y personalidad, y por los dichos y hechos de algunos de ellos pocas cosas nos sorprenderían, sobre todo si se considera la capacidad de sometimiento, por el dinero y el terror, que tiene el crimen organizado. Pero la entidad responsable de documentar las acciones de seguridad nacional tiene que ser más responsable de sus palabras..

El diputado perredista, líder de su bancada, Javier González Garza, dijo estar “absolutamente seguro de que en las campañas políticas hay dinero de más”, y el líder del grupo parlamentario del PAN, Héctor Larios, admitió que “existe esa posibilidad, pero no hay ningún indicio concreto que involucre a alguno de los diputados o senadores en esta circunstancia”. La Constitución exime a los legisladores de responsabilidad por sus palabras.

Pero ese no es el caso de los colaboradores del Poder Ejecutivo. El señor Valdés pareció olvidar que la regla básica de los organismos de inteligencia es la discreción, no ser parte de un debate político que transcurre en entrevistas de radio y declaraciones en prensa extranjera contra un Poder Legislativo con el cual vive hoy una confrontación y ante el que debe por ley ofrecer aclaraciones.

Centroamericanas agredidas en México

Durante la décima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala surgió un duro y vergonzoso dato: de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Foro de Migraciones, ocho de cada 10 mujeres centroamericanas que ingresan ilegalmente a territorio mexicano son violadas por traficantes de personas, autoridades corruptas o asaltantes.

Aunque la cifra podría resultar exagerada o sería posible cuestionar la veracidad del estudio realizado por la ONG, lo cierto es que a lo largo del año hemos sabido de numerosos episodios en los que los migrantes que vienen del sur han sufrido agresiones por parte funcionarios mexicanos, ya sea del Instituto Nacional de Migración, la Armada o las policías municipales.

En ese sentido, es deseable que en el encuentro que hoy llega a su fin los mandatarios de ambos países puedan avanzar no sólo en materia de seguridad en la frontera común y en acuerdos laborales, sino, en particular, en el tema de la protección de los derechos humanos de los migrantes. Si México exige respeto a sus connacionales en el exterior, es lo mínimo que debe ofrecer a quienes llegan aquí.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.