Si la CNDH documentó adecuadamente las violaciones a los derechos humanos mencionadas, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, tendría que tomar medidas para garantizar que la incursión del Ejército en las calles sea menos costosa para la ciudadanía.

En caso de que la Sedena niegue que actos indebidos de sus elementos hayan causado la muerte de 14 personas, o que se haya detenido de manera arbitraria y torturado mediante ahogamiento y toques eléctricos a Antonio Paniagua, en Tanhuato, Michoacán, o que Fausto Murillo permaneciera desaparecido tras ser detenido por militares para luego ser encontrado muerto con huellas de “golpiza”, deberá dar los elementos que refuten el trabajo de la comisión. De no ser así, tendría que deslindar responsabilidades entre sus miembros.

El presidente Felipe Calderón advirtió a la sociedad que la guerra contra el narcotráfico tendría riesgos: pero ni siquiera bajo un escenario de guerra pueden justificarse homicidios, torturas y demás vejaciones. Las Fuerzas Armadas no pueden ni deben actuar como sus enemigos, los sicarios de los cárteles.

Es cierto que los cárteles han buscado el desprestigio de las Fuerzas Armadas y que de hecho han pagado manifestaciones contra su presencia en diversas zonas del norte del país. Esa es una situación que la CNDH debe analizar con cuidado.

Pero la solución no es ignorar las denuncias bajo el argumento de la unidad ante el enemigo, sino resolver los problemas para que, sin prejuicios, la sociedad, los actores sociales y los medios de comunicación evalúen el trabajo militar también con base en sus aciertos, pues son muchos.

Ante la magnitud del problema que enfrenta el gobierno federal y la dificultad y el tiempo que implicaría reformar una institución con decenas de miles de miembros, lo recomendable es tomar medidas paralelas que agilicen el regreso de los militares a los cuarteles y a las actividades de salvamento que tanto mérito y agradecimieto les ha generado.

La sustitución de una autoridad civil por una militar en cualquier parte del mundo —como ha sucedido en muchos pueblos dominados por el narcotráfico y la corrupción policiaca— propicia los abusos denunciados hoy por la CNDH. Mientras más ejerzan esa función, más probable será que se presenten esos casos.

La misma institución castrense ha sufrido ya las consecuencias del prolongado combate al narcotráfico. Decenas de miles de militares han desertado de sus filas sobre todo cuando se les trasladó a la Policía Federal Preventiva. ¿A dónde van a parar esas personas? La oferta del crimen organizado es peligrosa, pero rentable. Además, quienes permanecen en sus puestos están tentados por la corrupción; recordemos al general Jesús Gutiérrez Rebollo, en prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

Es urgente consolidar a una Policía Federal bien entrenada, bien pagada y unificada bajo un mismo mando. Hoy no podemos prescindir del Ejército en las calles, pero tampoco es prudente dejar a los responsables de vejaciones sin castigo por temor a molestar a quienes arriesgan su vida contra el narcotráfico.

La vida de los mexicanos no puede estar a merced de nadie que base su poder en las armas. Y eso incluye a sus propios defensores.

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