Fueron decisiones coherentes con el nuevo régimen constitucional, que otorga el dominio de la contienda política a los partidos y, a los ciudadanos, la opción de elegir entre ellos. En este sentido, no hay lugar para las candidaturas ciudadanas en el ámbito federal, ni tampoco cabe suponer que los partidos pequeños podrán mantenerse en la lisa por mucho más tiempo. Tendrán que competir solos en busca de una supervivencia testimonial, o adherirse en definitiva a los más grandes. Sin matices, la nueva pluralidad política que produjo la transición tiene dueños. Se llaman PAN, PRI y PRD.

No puede pasarse ningún reproche a la Corte. El trabajo de los ministros no consiste en hacer normas, sino en verificar que éstas sean coherentes con el régimen constitucional. De ahí la importancia del debate que sostuvieron el 3 de julio y que los condujo a reconocer, franca y abiertamente, que los partidos políticos constituyen el eje del nuevo régimen que nos hemos dado. Para ser consistentes con la Constitución, no podían aceptar candidaturas independientes ni tampoco trasvases de votos entre partidos.

Los partidos mantendrán el monopolio del acceso a los cargos públicos, pero deberán competir con su propia fuerza en las elecciones siguientes. A los ciudadanos, insisto, nos toca militar (si queremos) en alguno de ellos y decidir cuál puede representarnos mejor (si podemos).

En el mismo sentido, esta semana la Corte refrendó también el monopolio de la propaganda mediática (divulgada en radio y televisión) que se han otorgado los partidos políticos a través del Legislativo. Coherentes con el nuevo régimen constitucional, los ministros advirtieron que decir y comprar son dos verbos distintos, y que la propaganda y la opinión responden también a dos lógicas diferentes. En dos palabras: los concesionarios no pueden vender propaganda.

Así pues, los partidos no sólo tienen ya el monopolio de las candidaturas, sino que también han creado el monopolio de la propaganda masiva. En el nuevo régimen, los ciudadanos tenemos libertad de participar en la vida política, en la organización de las elecciones y de votar; y, en el mismo sentido, también la tenemos para decir todo lo que queramos.

Pero la contienda electoral, cuya base está en la presentación de candidaturas, y su mejor instrumento en la divulgación de propaganda en radio y televisión, se han reservado para los partidos políticos. En armonía con el nuevo régimen constitucional regido por los partidos, ambos monopolios han quedado firmes en el Cofipe.

El nuevo régimen político mexicano es el régimen de partidos. Ese es el producto neto de nuestra transición a la democracia. Si queremos cambiarlo, perfeccionarlo, abrirlo o atacarlo, lo primero que debemos hacer es asumir ese desenlace, que ya está concluido. La Corte lo está haciendo, a despecho de las opiniones personales de los ministros. A los demás quizá nos llevará mucho más tiempo.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.