Esto es grave en tanto que contravenir a la Constitución es violar el pacto social firmado por las principales fuerzas de la Revolución de 1910. Reformar la Constitución sería, en todo caso, más legítimo, pero para ello se necesitaría un consenso que no posee el Ejecutivo federal.

Se abre, pues, una oportunidad para revalorar el petróleo como arma de desarrollo. Es necesario situar en el centro del debate su utilidad para financiar el desarrollo económico: aumentar el PIB, mejorar la distribución del ingreso y eliminar la pobreza. Siendo éste el principio rector de la reforma, otros objetivos —maximizar las utilidades de Pemex, aumentar exportaciones, aprovechar el auge de los precios del crudo— deben entenderse tan sólo como sus instrumentos subsidiarios. Si se desperdicia la riqueza petrolera —como hasta ahora—, el crecimiento económico del país seguirá en una ruta lenta.

¿Abrir al sector privado las inversiones en tecnología petrolera es la mejor opción? Los decepcionantes resultados sociales de las privatizaciones de las últimas dos décadas — Telmex, la banca, las carreteras o los ingenios azucareros— proporcionan elementos suficientes para desconfiar. No obstante, la privatización no es algo malo en sí, sino las prácticas de corrupción e ineficiencia que les han enmarcado en este país.

Lo anterior debe cambiar, ya que nos alerta de la debilidad de nuestras instituciones para contrarrestar la concentración del ingreso, de la poca voluntad política de partidos y gobiernos federales de los últimos 30 años, y de las probabilidades de que fracasos privatizadores se repitan son demasiado altas.

Mientras no contemos con instituciones con medidas efectivas para regular la competencia, la privatización, en cualquier modalidad, debe esperar. En su lugar, debe descargarse tributariamente a Pemex. Y como ello podría generar un choque presupuestal para el gobierno federal, la desgravación a Pemex consistiría en una disminución gradual de su carga fiscal durante los próximos tres años, a una tasa uniforme de 10% anual.

Con esas medidas, los distintos niveles de gobierno necesitarían ampliar su base gravable para compensar la carencia presupuestaria. Ello exigiría mucha voluntad política para lograr abatir la evasión fiscal de los grandes capitales a todos los niveles. Así, al cabo de tres años se permitiría a Pemex reinvertir casi todas sus ganancias en investigación y desarrollo de tecnología propia, lo que expandiría su análisis al desarrollo de energías renovables y frenaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Después de todo, el petróleo está por agotarse en nuestro territorio, y esta parece ser nuestra última oportunidad para apoyarnos en él para financiar el desarrollo de energías renovables para cuando este hidrocarburo ya no exista en México.

Economista e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

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