En Nayarit, primera entidad en poner a prueba la reforma electoral que prohíbe a particulares contratar la difusión de mensajes políticos y electorales por radio y televisión, y reserva tal proceder a los partidos políticos, éstos acataron la disposición e hicieron sus trámites a través del Instituto Estatal Electoral. En ese estado habrá elecciones municipales y legislativas el próximo domingo.

Sin embargo, al mismo tiempo, en YouTube, de internet, “ciudadanodehoy” se despacha agrediendo al candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepic con parodias de la película La ley de Herodes y con una escena de El candidato, de Cantinflas.

La reforma electoral no toca a los novísimos medios de comunicación.

El Instituto Estatal Electoral rechazó una queja de la alianza PRI-Panal porque no aportó el nombre del administrador de la página web. El líder del PRI local afirmó que “espíritus malignos promovieron los mensajes”.

La lección es evidente. Ninguna disposición legal puede frenar total y permanentemente la libertad de expresión, que es una garantía constitucional.

No es raro que en temporadas electorales lleguemos a escuchar despropósitos y barbaridades, pero eso es mejor que el silenciamiento. Los ciudadanos son sobradamente capaces de discernir entre las sinrazones y la sensatez, como para necesitar tutela oficial.

Las reformas de noviembre pasado han sido impugnadas pública y formalmente, aunque sin éxito, porque la Suprema Corte de Justicia es en extremo cautelosa en lo que se refiere a la voluntad de los partidos políticos expresada en el Congreso de la Unión.

Dos partidos políticos, Convergencia y Nueva Alianza, iniciaron acciones de inconstitucionalidad, y el Consejo Coordinador Empresarial y un grupo de distinguidos intelectuales —algunos colaboradores de los medios— solicitaron amparo. El Poder Judicial se declaró incompetente para revisar reformas constitucionales.

La cuestión merece un análisis más profundo, pues la enmienda constitucional podría poner fin a los debates ciudadanos y a su propio derecho a la información, hace 30 años establecido.

Las normas básicas de la Constitución están por fortuna bien arraigadas en la conciencia ciudadana.

Los partidos quieren consultar al pueblo

Lo de hoy son las consultas. Reforma energética, seguridad pública, crisis alimentaria, selección de futbol. Todo es susceptible del juicio inapelable del pueblo a través de la llamada “democracia directa”. El diablo está en los detalles. ¿Quién organiza? ¿Dónde? ¿Con qué preguntas? ¿Sobre qué temas? Nadie se preocupe. Los políticos saben cómo.

El Frente Amplio Progresista elige los tiempos, las regiones y los organizadores de la consulta sobre la reforma energética. Primero en las zonas con mayor influencia perredista, después en otras partes del centro y sur del país, y por último en el norte, donde el FAP tiene mínimo apoyo. Con tal metodología la imparcialidad está asegurada.

Ahora resulta que el PAN en el DF propone también un sondeo, pero sobre las acciones policiacas del gobierno capitalino a la hora de clausurar antros.

Entramos así en la era en que las consultas “populares” brotan oportunistas cual comisión investigadora de diputados presurosos de fungir como Ministerio Público en el caso New’s Devine.

La voz de los ciudadanos, por fin, es lo más importante para los partidos políticos. ¡Aleluya!

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.