En este caso era necesario responder con rapidez y transparentar todos los factores que explican que la verificación de las condiciones de funcionamiento de una discoteca haya culminado en la muerte de 12 personas, y en la vejación de las jovencitas que durante el operativo fueron trasladadas a la agencia del MP. Esta rendición de cuentas, obvio es decirlo (además de las renuncias y licencias que ya ocurrieron), requiere también de la separación de sus cargos del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia del DF.

Para restañar las heridas provocadas por las autoridades del Distrito Federal, para hacer justicia pronta y expedita, no existe otra forma que reconocer, no sólo los errores y delitos cometidos durante el operativo, sino la cadena de complicidades que permitió el funcionamiento del mencionado antro; pedir disculpas a la sociedad y someterse a los procesos legales conducentes.

Sin embargo, el GDF ha reaccionado no como un gobierno de izquierda tendría que hacerlo, sino como uno cualquiera del PRI o del PAN. Hasta ahora ha puesto por delante la conservación del poder y la sempiterna estrategia del control de daños. Todo ello aderezado del pueril y desgastado argumento de no politizar la tragedia, es decir, no hacer el juego a los adversarios de la izquierda; cuando los peores adversarios de la misma son quienes solapan conductas ilegales e irregulares que terminan en tragedias como la que ahora lamentamos.

De tragedias así está poblado el territorio nacional. Violaciones a los derechos humanos y víctimas inocentes se registran diariamente en la lucha contra el narcotráfico; o se derivan de la protección a las poderosas mafias de la delincuencia organizada; o a empresarios como los de Grupo México que provocó la muerte de 69 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; o al grupo textilero de Kamel Nacif; o las que se derivan de los contratos de protección; del reconocimiento de sindicatos fantasma mediante el vergonzoso recurso de la “toma de nota”.

De estas y otras complicidades entre poder político y poder económico está hecha la gran crisis de la seguridad pública en México. Mientras la impunidad de conductas ilegales aliente la práctica de que el derecho a la vida no vale nada, entonces seguirán ploriferando los cárteles de la droga, los accidentes laborales, las redes de pederastia, las violaciones a los derechos humanos y laborales. El país seguirá convertido en una jungla.

¿Y los gobiernos de la izquierda no tendrían que iniciar una gran campaña contra estas prácticas? ¿No tendrían que ser los primeros en eliminar la práctica del cohecho para violentar la ley; en hacer de los actos de gobierno ejemplo de respeto a los derechos de los gobernados?

Hasta ahora no es así y las 12 muertes en el New’s Divine van a cuenta de complicidades e impunidades practicadas en un gobierno llamado de izquierda; como si se tratara de uno del PRI o del PAN.

Profesora-investigadora de la UAM-A