El proyecto de ley HR 6028, conocido como la Iniciativa Mérida, en su versión “suavizada”, que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos y contó con el beneplácito reciente del gobierno mexicano, implicará un sistema de evaluación de las agencias de policía y las Fuerzas Armadas mexicanas contra el narcotráfico, y de su grado de respecto a los derechos humanos.Esta es la primera ocasión en que un proyecto de ley estadounidense establece que el uso de la fuerza militar mexicana debe ser de corto plazo y durar hasta que la situación de seguridad se estabilice y las fuerzas de policía sean capaces de hacerse cargo de ella. Lo llamativo es que este sistema de evaluación del desempeño militar y policial se haga en un documento legislativo de Estados Unidos y no en un documento de seguridad nacional del gobierno mexicano. México lleva ya más de 12 años usando de manera intensiva a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico. El proyecto de ley, en cambio, pretende que el reemplazo de elementos militares con fuerzas policiales ocurra en un lapso de tres años. La intención puede ser positiva, pero es poco realizable en un plazo tan breve. El uso de la fuerza militar con fines multipropósito, principalmente contra el narcotráfico, la insurgencia armada y el terrorismo está anclado en planes de desarrollo militar que llevan aplicándose por lo menos más de 13 años. Especialista en Fuerzas Armadas |