La invulnerablidad de sus dirigentes frente a autoridades y agremiados los hace dueños de los recursos que empresas y trabajadores aportan. Tal es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, a quien la Secretaría del Trabajo negó su ratificación en el puesto.

Hijo de Napoleón Gómez Sada —anterior líder de los mineros durante 40 años—, Napito literalmente heredó el cargo sin haber trabajado jamás en una mina, lo cual en primera instancia le impediría ser miembro y por lo tanto líder del sindicato. Con tales antecedentes a cuestas, sus seguidores anunciaron ya movilizaciones y paros en el país en protesta por la negativa a la toma de nota.

Sin duda puede ser cuestionada la forma en que en 2006 se destituyó desde el gobierno a Gómez Urrutia como dirigente, luego de la tragedia de Pasta de Conchos en la que murieron 65 mineros; sin embargo, no puede permitirse a un personaje como éste liderar a un gremio asolado por la pobreza desde hace siglos.

Los argumentos para negar la toma de nota son incuestionables: existen tres órdenes de aprehensión contra Napito, está fuera del país desde hace meses prófugo por el presunto desvío de 55 millones de dólares y, para colmo, ni siquiera cumple con los requisitos propios del gremio para ocupar el cargo. Tras la acusación Gómez huyó a Vancouver, Canadá, donde hoy vive cómodamente.

El problema es que esas razones de peso para actuar contra este líder ya se tenían a la mano desde 2001, cuando la administración de Vicente Fox permitió el encumbramiento del personaje con una primera toma de nota. ¿Cuántos líderes sindicales más han sido avalados por el gobierno federal anterior o actual en sus cargos con base en meros criterios políticos?

Al terminar la gestión del PRI sobre la Presidencia de la República se supuso un cambio al menos paulatino en todas las áreas de la democracia. La realidad después de casi ocho años de alternancia en el gobierno es que las estructuras básicas del corporativismo, los sindicatos, han renovado su utilidad en el nuevo contexto político.

Hay otros sindicatos que son similares al minero en cuanto a la discrecionalidad con que se manejan y la opulencia de sus dirigentes, pero con la agravante de que su poder de influencia sobre las instituciones del Estado es determinante para frenar el desarrollo social y económico del país.

Se han dado pasos para limitar a los poderes fácticos que obligan a los poderes formales a mantener privilegios de los primeros. La reforma electoral y la caída de la ley de medios en la Suprema Corte fueron ejemplo. ¿Y los sindicatos cuándo? El momento político ideal para frenarlos quizá nunca llegue.

En todo caso, el final “formal” de la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia es un primer paso alentador contra el famoso “charrismo” sindical, uno de los mayores resabios de un autoritarismo que se niega a morir.

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