Su urgencia estaba dictada por los tiempos que el artículo 105 constitucional concede al legislador como fecha límite para realizar modificaciones fundamentales a las leyes electorales (esos cambios deben hacerse antes de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral) y que vencía el 2 de julio.

La reforma constitucional en materia electoral implicó una apuesta política importantísima que se tradujo en el diseño de un nuevo modelo de competencia electoral —particularmente por lo que hace al papel de los medios electrónicos en la política—. Fue una reforma de gran calado que suponía cambios en numerosas leyes secundarias para dar cuerpo a las nuevas reglas; 17 ordenamientos debían modificarse y hasta ahora sólo el Cofipe y la Ley Orgánica del Congreso se habían adecuado a la reforma.

La primera sorpresa que tuvimos fue que, a pesar de la abultada agenda pendiente, en la convocatoria del periodo extraordinario se listaron cambios sólo a cinco leyes como parte de la reforma electoral: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (para sentar las bases de una nueva estructura del TEPJF que supone la permanencia de sus salas regionales), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (para establecer las nuevas competencias de aquellas salas, así como las nuevas causales de nulidad de las elecciones —entre otros puntos—), el Código Fiscal (para eliminar el secreto fiscal para el IFE), la Ley de Instituciones de Crédito (para hacer lo propio con los secretos bancario y fiduciario) y, finalmente, la Ley de Radio y Televisión (en la que se debían incorporar, entre otras, las sanciones para los concesionarios que violaran de manera grave y sistemática las reglas electorales —incluyendo la eventual revocación de la concesión).

Inexplicablemente, se dejaron fuera la creación de la ley del derecho de réplica (hoy convertido en una mera buena intención planteada en la Constitución), la revisión del capítulo de delitos electorales en el Código Penal (para adecuarlo a las nuevas conductas ilícitas en materia de acceso a medios o de prohibiciones al financiamiento), los cambios a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras.

Además, fracasó la aprobación a la Ley de Radio y Televisión, cuya iniciativa ni siquiera fue dictaminada. Hoy sabemos por voz del senador Ricardo García Cervantes que eso fue consecuencia de las presiones que los concesionarios ejercieron para evitar que prosperaran las sanciones que la misma preveía. Con ello, una vez más, la apuesta de la reforma por someter a los poderes mediáticos a la soberanía estatal se puso en entredicho y se demostró la capacidad de chantaje y de control que aquéllos ejercen sobre la clase política, al igual que la poca entereza de esta última.

El mal sabor de boca de quienes apostamos por esta reforma es inevitable. Pero lo grave es que ahora las autoridades electorales deberán enfrentar el reto de tener que organizar las elecciones sin contar con un marco jurídico completo, y eso a nadie le conviene.

Nadie puede hablar de un fracaso de la reforma, pero los legisladores, con su irresponsabilidad, no ayudan a que ésta llegue a buen puerto.

Investigador y profesor de la UNAM

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.