La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación al Partido Socialdemócrata es, a todas luces, política y no jurídica. Escuché en el Canal Judicial la sesión donde los cinco magistrados presentes argumentaron sus razones para anular la asamblea estatal de ese partido en el DF, realizada el 16 de marzo, y también la asamblea nacional que se efectuó el pasado 30 de marzo.Saltan a la vista dos aberraciones que tendrán consecuencias jurídicas y políticas como secuelas de la resolución del TEPJF. La primera: premiar al promovente de la anulación cuando, en la propia resolución, se le reconoce como iniciador de la violencia en la asamblea del DF. Se le premia por promover la violencia anulando la sesión que atacaba. Y se crea el antecedente de que iniciar la violencia en una asamblea cuyo resultado no te favorecerá es el mejor y más “ético” camino para derrotar a una mayoría contraria. Equivale a premiar a quienes asaltan el Congreso anulando los acuerdos tomados en las sesiones en recintos alternos. ¿Qué se puede esperar de la siguiente asamblea estatal de ese partido, en el DF, con magistrados de esos tamaños? La segunda: pese a que ese partido había electo a sus delegados en el resto de la República (257), por ser del DF la que faltaba por elegir sus 27 delegados, se anuló la asamblea nacional, validada legalmente. Se dio a esa asamblea el sitio de honor de poder anular al resto de los delegados. No sé si los magistrados son todos originarios del DF, aunque el más activista en apoyo a la anulación, de apellido Carrasco y sobrino del diputado panista de mismo apellido, originario de Oaxaca, fue el que argumentó más pobremente el fallo. Las ideas centralistas y federalistas siempre han estado presentes en la historia de México. Pero, ¿ello justifica dar al DF la preeminencia en las decisiones internas de los partidos? No. Hacerlo equivale a decir que una mayoría de legisladores de “provincia” no vale lo que valen los legisladores del DF. Es absurdo el fallo que anula la asamblea nacional ante las irregularidades de una sola asamblea estatal. La única conclusión posible es que la resolución es política, no jurídica. Sin considerar las nefastas consecuencias, los magistrados tomaron una decisión política unánimemente. ¿Aplicarán estos mismos criterios “jurídicos” en futuras resoluciones? Se legitima el uso de la violencia dentro de los partidos (supuestamente argumentando lo contrario) y se le da un poder de veto al DF ante el resto del país, anulando el pacto federal. Esta resolución política es una aberración jurídica. La pregunta que resta es: ¿de dónde provino la decisión política, y qué costos tiene ese apoyo para el promovente? ricardopascoe@hotmail.com Analista político |
