| “La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano” (José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, pág. 181. Planeta, 1993). El orden político se sustenta en el orden jurídico. Si bien la soberanía reside en el pueblo, ésta se rige por un estado de derecho que se apega a los mandatos jurídicos constitucionales. “La consolidación democrática requiere leyes y mecanismos que permitan una intensa participación ciudadana que influya en el diseño de los planes nacionales y dé seguimiento a la actuación de los gobiernos. La participación no debe circunscribirse a los procesos electorales; se trata de impulsar la democracia semidirecta mediante figuras de participación, como el referendo o el plebiscito, entre otros” (México 2010-2050: Una visión de Estado. pág. 179). En este momento aparece la idea de celebrar una consulta pública en el Distrito Federal sobre la reforma energética. No omito mencionar que los gobiernos de las entidades del país carecen de atribuciones para legislar en materia energética, dado que ello es facultad exclusivamente federal. Son escasos los antecedentes de México en la aplicación de figuras de democracia semidirecta, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. La ciudad de México no tiene mayor jerarquía que el resto de las entidades del pacto federal para realizar una consulta de ese tipo y, de facto, suponer que el resultado permitirá imponer su decisión al resto del país. Como resultado de la reforma integral a la Constitución Política del estado de Veracruz, promulgada en 2000, se incluyeron en sus artículos 15, 16, 17, 34, 49, 66, 67 y 71 las figuras de democracia semidirecta arriba mencionadas. Además, se estableció la Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular que define los métodos y reglas en esas formas de participación ciudadana. Con estos fundamentos, el 26 de agosto de 2001 se celebró en Veracruz el primer plebiscito del siglo XXI, relativo a la intervención del gobierno del estado en asuntos que, dentro de su ámbito de competencia, habían venido siendo ampliamente debatidos en la entidad. Bajo la tutela del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), órgano facultado por ley, los representantes de todos los partidos atestiguaron la legitimidad del proceso, de su convocatoria y, por supuesto, de sus resultados, mismos que se convirtieron en mandato para el gobierno estatal. Ante la falta de una arquitectura jurídica en otras entidades y en el ámbito federal, que dé certidumbre y operatividad a esta intención, no quedan, en el corto plazo, muchas opciones para realizar esta consulta de manera sustentada. Debido al desconocimiento de la población sobre múltiples aspectos técnicos en los que descansa la reforma energética, quizá sea conveniente contratar a algunas de las más serias y profesionales empresas encuestadoras, para que realicen un sondeo de cobertura nacional cuyos resultados sean oportunos y sobre todo imparciales. El aspecto más delicado es la redacción de las preguntas, porque la confusión es el caldo de cultivo del caos. Imagínese usted preguntas como esta: “¿Quiere que se privatice Pemex en manos extranjeras?”. Diríamos sabiamente como el filósofo Clavillazo que “la movida es chueca”. En un país en donde todo se politiza es necesario despolitizar procesos que den curso y sustento a la consolidación institucional de nuestra democracia. El cuento del recuento Ojalá que no se vuelvan a utilizar esas técnicas “infalibles” y “transparentes” de la elección interna del PRD y que esta consulta quede sumida nuevamente en las boletas de la discordia. articulo@alemanvelasco.org Político, escritor y periodista | 
