| El 4 de julio de 2007 el senador Manlio Fabio Beltrones llegó muy tarde y de manera forzada a la sesión de la Junta de Coordinación Política del Senado. Se le había olvidado que ese día se firmaría el acuerdo por el que se creó el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de radio, tv y telecomunicaciones. Intentó enviar a un representante, pero ni Creel ni Navarrete, los coordinadores de PAN y PRD, aceptaron que delegara su representación. Resultaba tan escabroso como importante el propósito legislativo, que se requería su voluntad expresa y una muestra de la unidad de los tres partidos más importantes frente a las presiones de los conglomerados mediáticos. Ya en el acto en el que hablaron los coordinadores, en un mensaje breve dijo cosas esperanzadoras que con mucho afán varios nos impusimos creer, más como método de persistencia que como sentimiento de fe. De aquellas palabras uno podía desprender una especie de rectificación a su conducta a favor de la ley Televisa, cuando era diputado federal. Ahí dejó claro que el PRI concurriría a la reforma sin miedos, saludó la decisión del Poder Judicial al emitir un fallo que “el Poder Legislativo debe atender”, consideró de la mayor importancia entrar rápidamente al debate “sobre los nuevos términos en los que debe girar una ley en esta materia”, ofreció cumplir “en los términos en los que ha señalado la Suprema Corte de Justicia”... “por eso saludamos que el acuerdo señale con precisión que esta comisión empezará sus trabajos hasta que recibamos el engrose de la Corte, que podrá darnos mayores luces de los lugares específicos sobre los cuales debemos bordar, en las discusiones y en la elaboración de iniciativas y aprobación de las mismas, para poder cumplir con el propósito que nos tiene reunidos alrededor de este acuerdo que deseamos firmar”. Aunque su compromiso parecía sincero, poco a poco el senador Beltrones ha actuado contra el empeño social por contar con una nueva legislación de medios, y lo paradójico de su postura es que rápidamente infringió su propio deseo de abordar “de manera definitiva y con toda la búsqueda de honrar en los hechos lo que en los discursos aparece como la razón de un verdadero cambio”. No sólo en el grupo plural —que concluyó sus trabajos sin una iniciativa formal de reforma— el PRI jugó como siempre en este tema el doble rol de asegurar en público luchar por un cambio y en privado ofrecer a los concesionarios, y sobre todo a los de tv, sus buenos oficios para detener cualquier intento legislativo tendiente a modificar el actual modelo comunicacional del país. Para ello escogió la ruta de ir fraccionando los temas de una posible nueva ley y presentando por separado iniciativas que están en el interés estricto de los concesionarios, debilitando la negociación de una reforma legal que también incluya el interés público, al que supuestamente se deben los representantes populares. En esa estrategia, combinación de oportunismo político y esquirolismo legislativo, el senador Beltrones presentó la semana pasada una iniciativa que, presumiblemente, busca asegurar a la radiodifusión sonora de amplitud modulada (estaciones de AM) su cambio a la banda de frecuencia modulada (estaciones de FM), como una manera para facilitar su tránsito a la tecnología digital. No esperó a que los legisladores que estuvieron trabajando el tema durante siete meses en el grupo plural presentaran una propuesta de reforma integral, e incluyeran un régimen de transitoriedad que abarcara el tema de la adopción del estándar digital para la radio e incluso pudiera revisar los términos del acuerdo y la política digital que estableciera plazos y condiciones para la tv; al adelantarse obviamente pretende congraciarse con los radiodifusores de AM, pero también quitarle fuerza a la reforma mayor al desagregar el tema de un sector. Pero quizá lo más grave que es al proponer otorgar “combos” de forma indiscriminada, esto es, en los que se incluya a los grupos radiofónicos que ya tienen decenas de FM, generará una resistencia justificada de otros grupos en términos de competencia. Por supuesto que la iniciativa recoge una problemática que, en efecto, requiere un tratamiento especial, pues por un lado es cierto que las estaciones de AM se han desfasado tecnológicamente en su recepción y su convergencia al sistema digital aparece más compleja desde la tecnología analógica que utiliza, pero en la fórmula que plantea hay despropósitos que el Estado no podría aceptar en su sano juicio, como exceptuarlos del pago de una contraprestación, pues se coloca en sentido contrario a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preferir a los concesionarios sobre los permisionarios cuando en una zona o plaza de cobertura falte espectro radioeléctrico resulta una auténtica pifia. Es grotesco que un legislador se atreva a suscribir una propuesta que privilegia los intereses particulares sobre el interés público, al que sirven por definición los medios que operan bajo la figura del permiso. En no determinar un plazo para que los concesionarios y los permisionarios entreguen la estación de AM, una vez que se consolida la nueva audiencia o se consuma la transición digital en la nueva FM, está otra trampa. Y el despropósito mayor: “La iniciativa abre la posibilidad de que, ante la evidencia de saturación del espectro en distintas plazas, los radiodifusores de AM reciban espectro en la banda de FM en plaza distinta y próxima a la de origen, a fin de preservar la estación, así sea en locación diferente”. Sostengo que ese cambio legislativo debiera estar inscrito en una reforma integral que siente las bases no sólo para una mayor competencia en el sector, sino que establezca el procedimiento específico con el que debe otorgarse el refrendo por licitación de una concesión determinado por la Corte en la sentencia sobre incosntitucionalidad de la ley Televisa. Profesor de la FCPyS de la UNAM | 
